4 actuales y 2 ex funcionarios de Bukele, 2 FMLN y 3 ARENA en lista Engel
El Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo pública la denominada Lista Engel, en la cual se mencionan funconaros y ex funcionarios del actual gobierno del Presidente Nayib Bukele, diputados y ex diputados de la Asamblea Legislativa y funcionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Entre los actuales funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en la lista aparecen, Carolina Recinos, una funcionaria de alto nivel; Conan Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia; Rolando Castro, Ministro de Trabajo; y Osiris Luna, Director General e Centros Penales.
Los ex funcionarios de Bukele, mencionados en la lista Engel, son Pablo Anliker, ex Ministro de Agricultura; y Rogelio Rivas, ex Ministro de Justicia.
También mencionan a Sigfrido Reyes y José Luis Merino, ambos del Partido Frente Martí para la Liberación Nacional, FMLN: Carlos Reyes, diputado de la Asamblea Legislativa en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA; y Guillermo Wellman,Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, TSE, también de ARENA.
Mencionan también a los empresarios Adolfo Salume., y Enrique Rais
La lista Engel, incluye a personajes de Guatemala y Honduras. En el caso de Honduras se menciona a Porfirio Lobo ex presidente de ese país.
Informe al Congreso sobre Personas extranjeras que deliberadamente se han involucrado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras Sección 353 (b) del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados Ley de Asignaciones, 2021 (Div. FF, PL 116-260).
De conformidad con la Sección 353 (b) de la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (Div. FF, PL 116-260), este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Comité Judicial de la Cámara y el Comité Judicial del Senado.
De acuerdo con los requisitos de la Sección 353 (b), este informe identifica a las siguientes personas en El Salvador, Guatemala y Honduras: (1) personas extranjeras que se determina que han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas; (2) personas extranjeras que se determine que se han involucrado a sabiendas en actos de corrupción importantes; y (3) personas extranjeras que se determine que se han involucrado a sabiendas en la obstrucción de las investigaciones de tales actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
De acuerdo con los requisitos de la Sección 353, las personas extranjeras enumeradas en este informe generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos.
A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revocará la visa de inmediato y se cancelará cualquier otra visa o documentación de entrada válida, en ausencia de una excepción o exención de intereses de seguridad nacional. De acuerdo con la Sección 353 (g), este informe se publicará en el Registro Federal.
El informe incluye a personas de las que el Departamento tiene conocimiento de información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes. El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala y Honduras. El Departamento también continúa revisando activamente información creíble adicional y acusaciones sobre corrupción y utilizando todas las autoridades correspondientes, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue el refugio seguro en los Estados Unidos.
El Salvador
Walter René Araujo Morales, ex miembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar reiteradamente a los candidatos políticos.
Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para su beneficio personal.
Conan Tonathiu Castro Ramírez, actual Asesor Legal del Presidente, socavó los procesos o instituciones democráticos al ayudar en la destitución inapropiada de cinco Magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General.
Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó procesos o instituciones democráticas en un intento por dañar a sus oponentes políticos.
Osiris Luna Meza, Viceministro de Seguridad y Director de Prisiones, se ha involucrado en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato.
José Luis Merino, ex viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, incurrió en corrupción significativa durante su mandato a través del soborno. También participó en un plan de blanqueo de capitales.
Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, incurrió en una corrupción significativa al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.
José Aquiles Enrique Rais López se involucró en una corrupción significativa y socavó los procesos o las instituciones democráticas al sobornar a los funcionarios públicos.
Martha Carolina Recinos de Bernal, actual Jefa de Gabinete, se involucró en una corrupción significativa al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un importante plan de blanqueo de capitales.,
Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, obstruyó las investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.
Othon Sigfrido Reyes Morales, exlegislador del partido FMLN de El Salvador, incurrió en una importante corrupción durante su mandato a través de fraude y malversación de fondos públicos.
Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad y Justicia, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para beneficio personal.
Adolfo Salume Artinano, se involucró en una corrupción significativa y socavó los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa.
Luis Guillermo Wellman Carpio, actual Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al provocar retrasos graves e innecesarios en la preparación de las elecciones y la tabulación de resultados para su beneficio personal y permitiendo la influencia maligna de los chinos durante las elecciones salvadoreñas.
Guatemala
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial guatemalteco, incurrió en una corrupción significativa al facilitar pagos a representantes del Congreso y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala con el fin de influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados de la CSJ y la Corte de Justicia de Guatemala. Apela y asegura su futura liberación de prisión y el sobreseimiento de los cargos de corrupción. Está designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky y la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso de Guatemala, se ha involucrado en una corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, el Sr. Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses. Está designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky y la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Delia Bac Alvarado, ex representante del Congreso, participó en una corrupción significativa a través de su mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa.
Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj, socavó procesos o instituciones democráticas al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos.
Álvaro Colom Caballeros, ex presidente, se involucró en una corrupción significativa cuando participó en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala conocido como Transurbano.
Manuel Duarte Barrera, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta corte.
Boris Roberto España Cáceres, actual representante del Congreso en el Congreso de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa cuando participó en el tráfico de influencias y el soborno.
Mario Amilcar Estrada Orellana, exrepresentante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa y fue sentenciado por tribunales estadounidenses por buscar millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar campañas políticas.
Raúl Amilcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo, intentó retrasar u obstruir procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. .
Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG FCT, intentó retrasar u obstaculizar procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales, así como el trabajo de la Fiscalía Especial. Oficina Contra la Impunidad (FECI).
Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y ex miembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, socavó los procesos o instituciones democráticos al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operativo político y empresario, socavó procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG FCT, intentó retrasar u obstruir los procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
Mynor Mauricio Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional del país, socavó procesos o instituciones y se involucró en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión legal favorable.
Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, incurrió en corrupción significativa cuando participó en sobornos y financiamiento electoral ilegal, y en el lavado del producto de la corrupción para beneficio personal. Está designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, incurrió en una corrupción significativa cuando participó en esquemas de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, recolectaba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales.
Blanca Aida Stalling Dávila, ex jueza de la Corte Suprema, incurrió en actos de corrupción importantes al participar en esquemas de soborno e influir de manera inapropiada en el poder judicial. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa.
El élder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura, participó en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal.
Jorge Estuardo Vargas Morales, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias.
Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta corte.
Honduras
Gustavo Alberto Pérez, actual representante del Congreso, se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Marco Antonio Bogran Corrales, exdirector de INVEST-H, se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, se involucró en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos.
Augusto Domingo Cruz Asensio, excongresista, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos del programa de empleo público Generación a cuentas personales.
José Celin Discua Elvir, actual representante del Congreso, incurrió en una importante corrupción cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Rodolfo Irias Navas, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Eleazar Alexander Juarez Sarabia, ex miembro del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento local de Valle a sus cuentas personales.
José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, ex presidente de Honduras, participó en una importante corrupción mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.
Gladys Aurora López, miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, participó en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual representante del Congreso involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción de Pandora MACCIH en junio de 2018 por malversación de $ 12,5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para beneficio personal.
Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su rol de Secretaria del Congreso.
Oscar Nájera, actual representante del Congreso, participó en una importante corrupción relacionada con la organización narcotraficante Cachiros. Fue designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Héctor Enrique Padilla Hernández, ex miembro del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos en su departamento natal de Choluteca a sus cuentas personales.
Milton Jesús Puerto Oseguera, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Audelia Rodríguez Rodrigo, actual miembro del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos a sus cuentas personales.
Dennys Antonio Sánchez Fernández, actual miembro del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento local de Santa Bárbara a sus cuentas personales.
Elvin Ernesto Santo Ordóñez, actual representante en el Congreso, incurrió en una importante corrupción cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Juan Carlos Valenzuela Molina, actual diputado al Congreso. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Elden Vásquez, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa a través de la apropiación indebida de $ 12.5 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado formalmente en el caso de corrupción investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.
Welsy Milena Vásquez López, actual representante del Congreso, participó en actos de corrupción importantes, incluida la malversación y malversación de fondos públicos para beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Roman Villeda Aguilar, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones por corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redireccionar dinero a una ONG falsa.