A dos años de gobierno presidente Bukele, no implementa Ley contra explotación minera

A dos años del gobierno del presidente Nayib Bukele, la Mesa contra la Minería Metálica, lamentan que aún no se implemente la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador no ha sido implementada.

Para los ambientalistas, la no implementación de la Ley, significa que sigue la deuda del Estado para con las comunidades afectadas por las minerías existentes, debido a que aún se mantienen los ríos contaminados y los habitantes enfrentan la amenaza que representan las minas abandonadas.

Agregan que continúan contaminando importantes cuencas hidrográficas del país, y con ello volviendo más alarmante la situación del Río Lempa, nuestra principal fuente de agua.

Reconocen que, si bien es cierto, que en dos años de gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele, no se ha revertido ni se ha promovido modificaciones a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, también es cierto que no se han concretizado acciones para su cumplimiento.

Enfatizaron que es urgente que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, y el Ministerio de Economía, MINEC, cumplan con el Artículo 2 y 6 de la referida Ley. El Art. 2 inciso 2 de la Ley establece que “En caso de la minería artesanal de pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y güiriseros, tendrá un plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para reconvertirse a otra actividad productiva; para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”. En cuanto al Art. 6 se establece que “El Ministerio de Economía procederá al cierre de minas metálicas, y coordinará, con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas, para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano”.

Señalan que la implementación de esta normativa no se trata de un tema político – artidario sino de un asunto de país, para garantizar a comunidades rurales el acceso al agua en cantidad y con calidad, al derecho humano a la salud, a la vida y a un ambiente sano.

Es el Estado el llamado a cumplir con la Ley y con la decisión del pueblo salvadoreño a no permitir la industria de la minería metálica en nuestro territorio.

Sugieren que para evitar que nuestra agua siga siendo contaminada o consumida sin reparo por las grandes industrias extractivas, como ha ocurrido en el pasado con la exploración y explotación de minería metálica en el oriente del país, así como otros proyectos urbanísticos que afectan los derechos ambientales como Valle El Ángel, o los que que se encuentran afectando el Río Cenizas o la octava represa hidroeléctrica que se pretende construir sobre el Río Sensunapán. En tal sentido, es indispensable fortalecer los instrumentos jurídicos para garantizar la protección de los bienes naturales, y para el caso específico de la Mesa: implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en 2017.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, considera que la propuesta de reforma a la Ley de Medio Ambiente presentada el 21 de mayo pasado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, es una iniciativa que busca superar el vacío legal tras la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional en el año 2015 el Artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente, en lo concerniente a las multas como parte del régimen administrativo sancionados; además, pretende adecuar normativa a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sin embargo, somos de la opinión que es grave que esta propuesta de reforma no incluya el que “los concesionarios no se verán obligados a prevenir, corregir o compensar los impactos ambientales negativos que produce la actividad bajo concesión”; de igual forma, no se visibiliza el papel que puedan ejercer otros actores como los tribunales ambientales y las alcaldías municipales en el marco de la función contralora al realizar inspecciones en el marco de sus facultades.

Es oportuno, dijeron, referir, que la propuesta de reforma no ha sido parte de un proceso de consulta con las organizaciones ambientalistas del movimiento social.

Advierten, que El Salvador no debe repetir la historia vivida con las actividades de explotación de oro y plata realizadas en el pasado, por empresas que dejaron una estela de contaminación de nuestros ríos, principalmente en los departamentos de Morazán y La Unión. De acuerdo a las cuentas del Ministerio de Economía, son al menos 15 minas abandonadas que deben cerrarse adecuadamente pues siguen contaminando el agua y la tierra de las comunidades del oriente del país a pesar que empresas mineras como la estadounidense Commerce Group, cerraron operaciones hace décadas.

Según se informó, la empresa minera Commerce Group no realizó un cierre técnico de minas, simplemente se retiró de El Salvador llevándose nuestros minerales y heredando un drenaje ácido de minas en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión. Falta realizar los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas y hacer efectiva la prohibición de la minería artesanal, garantizando la reconversión económica de las familias que continúan explotando la mina de forma artesanal.

Cabe mencionar que el 24 de abril pasado, el Comisionado Presidencial para el Agua, Frederick Benítez, a través de sus redes sociales afirmó que trabajaría para recuperar el río San Sebastián, sin embargo, como Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador– MNFM- no conocemos en qué consistirá el plan de recuperación y el alcance que el mismo tiene, no se dispone de información sobre cómo participará la comunidad en este proceso.

Se conoce que en el presupuesto 2021 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha destinado alrededor de $44, 200 dólares, para el proyecto denominado: “Construcción de obras para tratamiento de drenaje ácido en ex mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión”.

Una cifra que en opinión de la Mesa es insuficiente, por el grave impacto ocasionado por la empresa Commerce Group en el río y que hoy es el Estado salvadoreño quien debe asumir los costos por tan terrible contaminación.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, MNFM, insiste en que desde el gobierno se debe garantizar la NO reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la implementación de esta normativa, así como permitir que organizaciones ambientalistas del movimiento social y las comunidades afectadas sean participes de estos procesos, transparentar la información sobre los planes a ejecutar como en el caso del río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión.