Ambientalistas piden elevar a rango constitucional prohibición minería metálica

Dirigentes ambientalistas contra la minería metálica en El Salvador, manifestaron que desde más de 15 años, las diferentes organizaciones sociales, comunitarias, ambientales, iglesias, han luchado contra la explotación de minería metálica en el país, basados en que la actividad afecta la vida humana y animal.

Detallan, que durante los años de trabajo, han procurado la sensibilización, la organizando a las comunidades, han declarando diferentes municipios libres de minería metálica tras consultas públicas, han enfrentado diferentes acciones tendientes al extractivismo y han enfrentando demandas de parte de quienes se han visto afectados por sus acciones.

Entre las demandas, señalan, la presentada por la transnacional Pacific Rim/Oceana Gold, contra del Estado de El Salvador por mantener firme de no autorizar la licencia minera para el proyecto El Dorado, en San Isidro, departamento de Cabañas.

El monto del proyecto ascendía a 250 millones de dólares y que a la postre el Estado de El Salvador ganó el litigio internacional dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), agregaron.

También, mencionan que el del 29 de marzo de 2017, El Salvador envió un mensaje importante al mundo, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, por considerar inconvenientes los impactos negativos que provoca en el medio ambiente y la salud de las personas esa nociva industria.

La ley que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo que prohibió mediante una ley la explotación de minería metálica subterránea y a cielo abierto, fue aprobada mediante el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, con 70 votos a favor de un total de 84 diputados.

Con la la emisión de la ley, se plantearon nuevos retos, como son, el cumplimiento de la ley para los cierres técnicos de las minas; procesos de remediación ambiental y reconversión económica de las personas dedicadas a la minería artesanal; no reversión de la ley o derogatoria de la misma;  generar procesos de incidencia para promover acuerdos binacionales o trinacionales para la protección de las cuencas compartidas, amenazadas por la minería trasfronteriza; elevar a rango constitucional la prohibición la minería metálica para garantizar el derecho a la salud,  un medio ambiente sano a la población por medio de una propuesta de reforma.

Lamentan, que los diferentes desafíos que contempla la Ley contra la Explotación de la Minería Metpalica, no han sido cumplidos por los diferentes gobiernos.

Dijeron, que la propuesta de reforma constitucional promovida por las organizaciones sociales pretende establecer una doble garantía para la prohibición de la minería metálica, en vista que las características de la Constitución de la República estipulan la concurrencia de al menos 10 diputados o diputadas para dar iniciativa a la misma y dos legislaturas para su modificación.

Por ello, la Mesa Frente a la minería Metálica, propone la inclusión de la prohibición de la minería en la única disposición constitucional que reconoce los derechos ambientales, el Art. 117, incorporando tres incisos que establecen de forma expresa la prohibición, el papel del Estado y que dichas disposiciones se desarrollen en una ley secundaria.

La reforma constitucional se posiciona como un nuevo reto de las organizaciones de derechos humanos, comunitarias, ambientales y movimiento social en general junto a la promoción de tratados regionales para la protección de las cuencas trasfronterizas, y la garantía de no reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su cumplimiento.

Según los dirigentes, la preocupación de la reversión de la prohibición de la minería salta cuando ante una reciente propuesta de reforma constitucional promovida desde el gobierno actual, no se incluye la prohibición de la minería, por el contrario, abre la posibilidad para las concesiones de la riqueza que se encuentra en el subsuelo.

Además, porque las empresas transnacionales siguen presentando a la minería como amigable al medio ambiente y como solución económica a las maltrechas economías de los Estados.

Piden al  Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su reglamento; al  Ministerio de Relaciones Exteriores, y a diputados del Parlamento Centroamericano de El Salvador a promover acuerdos regionales para la protección de las cuencas hidrográficas comunes.