El Chaparral incrementó 20% en primer año del presidente Bukele
La tarde del martes, el presidente de la República, Nayib Bukele, supervisó los avances en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, localizada en el municipio de San Luis La Reina, en en el departamento de San Miguel, a 140 kilómetros de la capital; una obra calificada por el mandatario, como simbolo de la corrupción.
La obra fue inaugurada en septiembre de 2008 por el expresidente Elías Antonio Saca del partido ARENA; y seguida por las administraciones de Mauricio Funes del FMLN; Salvador Sánchez Cerén, también del FMLN; y continuada por la actual administración de Nayib Bukele de los partido GANA-NI.
Los trabajos de la presa El Chaparral iniciaron en 2008, con una inversión estimada de $216 millones; sin embargo, las irregularidades de los gobiernos anteriores hicieron que el costo se incrementara en $700 millones, afirmaron.

De acuerdo con las informaciones oficiales, los trabajos de construcción de la presa se han incrementado en un 20% en el primer año de gestión, pese a que el país se encuentra en emergencia por la pandemia del COVID-19.
Durante las tres administraciones anteriores, que suman más de once años, las obras de construcción sólo avanzaron en un 6.6% anual, afirmaron.
“En los últimos 10 años, El Chaparral presentaba un avance de 6.6% por año. Nosotros en este Gobierno hemos avanzado en un año 20.51%, a pesar de la pandemia (…) por más de cinco meses, logramos tener un avance significativo”, dijo el presidente Bukele, en su discurso pronunciado en la zona de San Luis La Reina, el pasado martes.
En reiteradas ocasiones, el Presidente Bukele ha condenado los actos de corrupción cometidos, en torno a la construcción de la obra, al considerarlo como “un monumento a la corrupción”, por las constantes irregularidades en el manejo de los fondos.
“Este proyecto increíble se ha convertido de un monumento a la corrupción a un monumento a la eficacia y a la eficiencia”, expresó el Presidente Bukele, a la vez que felicitó a todo el equipo técnico al frente de la obra por lograr avances importantes en tiempo récord.
El mandatario, aprovechó para recalcar que las administraciones anteriores, desarrollaron un trabajo lento en la construcción de la presa hidroeléctrica, una obra que traerá consigo, desarrollo para la zona oriental del país.
“Lo que no pudieron hacer los tres gobiernos anteriores en 11 años, nosotros lo vamos a hacer en un año, vamos a demostrar que el dinero alcanza cuando nadie roba y vamos a perseguir a quienes se robaron acá el dinero del pueblo”, añadió el mandatario
Los trabajos de la presa hidroeléctrica de El Chaparral iniciaron en 2008, con una inversión estimada de $216 millones; sin embargo, las irregularidades de los gobiernos anteriores hicieron que el costo se incrementara en $700 millones.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, detalló que al momento que recibir el proyecto, este se encontraba detenido, en medio de protestas por parte de los habitantes de la zona, debido a la falta de cumplimiento de promesas hechas por las administraciones anteriores.
Además, señaló que se encontró una serie de inconsistencias administrativas, producto de las constantes irregularidades: el proyecto no contaba con un diseño final, había terrenos a intervenir que aún no habían sido adquiridos y la implementación de múltiples contratos, entre otros.
“Encontramos un proyecto detenido, en el letargo, con protestas de la población por la ineficacia y por los indicios de corrupción. Los gobiernos anteriores gastaron más de $500 millones en una obra sin terminar”, explicó Álvarez.
Las irregularidades incluyen el pago de $108 millones a la empresa constructora ASTALDI, aduciendo fallas geológicas. Para el año 2015, cuando inició la construcción de la fase dos, continuaron las irregularidades a través de una modalidad de multicontratos. “En ese momento priorizaron obras que no eran y se enfocaban en contratos como acabados arquitectónicos”, explicó el titular de la CEL.
Ante estas irregularidades cometidas por las pasadas administraciones, el Gobierno del Presidente Bukele logró el financiamiento de una auditoría forense internacional, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para determinar si era conveniente continuar con el proyecto. La auditoría detalló que el proyecto careció de una planificación clara, donde prevaleció la improvisación.