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En el Día Mundial del Hábitat, FESPAD insta al gobierno a estimular vivienda adecuada

En el marco del Día Mundial del Hábitat, establecido  1985 por la Organización de Naciones Unidas, ONU, representantes de la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho, FESPAD, y de la organización MOVITIERRA, recordaron la importancia de reflexionar sobre los compromisos para mejorar las condiciones estructurales que permita el cumplimiento al derecho a una vivienda adecuada.

La vivienda adecuada es un derecho humano que plantea la necesidad de toda persona a vivir en condiciones de dignidad, paz y seguridad, condiciones necesarias para un buen desarrollo de vida, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en las observaciones generales 4 y 7 del Comité DESC, de los cuales El Salvador es parte, afirmaron.

Mencionan, que El Salvador no reconoce constitucionalmente el derecho humano a la vivienda adecuada. El Art. 119 de la Constitución de la República, provee una aproximación al declarar de interés social la construcción de vivienda; pero no lo regula expresamente y tampoco contiene los elementos desarrollados por los distintos sistemas de protección del derecho humano.

Señalan, que en la estructura del Estado existen instituciones que se denominan como el sistema integral de vivienda, y por ello creen que su articulación deben tener una hoja de ruta establecida en una política pública de vivienda y hábitat,  una ley, y u reglamento que establezcan la obligación real en el tratamiento del déficit habitacional desde el Órgano legislativo y la administración del Órgano Ejecutivo.

Proponen que se debe formular de manera participativa los instrumentos necesarios bajo la interpretación de la problemática y sus variables de atención para el crecimiento ordenado de las ciudades, que respete  la necesidad de espacios públicos, la promoción y fomento del desarrollo de vivienda de interés social.

“Se ha conocido de familias en incertidumbre en cuanto a ser desalojadas como las asentadas en el kilómetro 53 de la carretera de El Litoral, cerca de la Lotificación Costa Azul y del cantón El Zonte (playa el Zonte); las 35 familias en calle Hacienda El Zope, en Acajutla departamento de Sonsonate; Las 126 familias que se encuentran amenazadas de desalojo en la comunidad Bendición de Dios, en San Miguel; las 700 familias que temen ser desalojadas en la Hacienda Normandía, en Jiquilisco Usulután, entre otras”, manifestaron los representantes de FESPAD.

Sobre ello, agregan, que el Estado no presenta soluciones para la reducción del déficit habitacional. Un acercamiento a la situación de la vivienda en El Salvador se ve reflejado en la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples correspondiente al año 2020 donde se establece que, de 1,871,468 hogares contabilizados en el país solamente el 53.7 % de los hogares son propietarios de su vivienda.

Es decir, que de cada 100 hogares solamente 53 poseen certeza jurídica de la vivienda que habitan, lo que debe interpretarse que no todos los hogares que son propietarios de vivienda cuentan con una de buena calidad o que se considere adecuada.

Los representantes de  MOVITIERRA Y FESPAD hacen un llamado al gobierno del presidente Nayib Bukele, a que se reconozca en la Constitución de la República el derecho humano a la vivienda adecuada de acuerdo a los estándares internacionales.

También le piden, que es necesaria la construcción e implementación de una política nacional de vivienda y hábitat con la participación de la ciudadanía y que retome los parámetros del marco internacional de derechos humanos para ser considerada una vivienda, como adecuada.

Le instan a que derogue inmediatamente la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, contenida en el Decreto Legislativo 23 del año 2009 por medio del cual se vulneran derechos procesales provocando la declaración de desalojos.

Le piden además, que agilice el estudio y aprobación de la Ley General de Recurso Hídrico, retomando los aportes generados desde las organizaciones sociales y evite privilegiar intereses de grupos económicos.

 Por último solicitan que el Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Vivienda, y las instituciones estatales para la vivienda social (FONAVIPO y FSV) generen propuestas de soluciones habitacionales efectivas y asequibles para las familias de escasos recursos, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, quienes no cuentan con acceso a créditos de vivienda, quienes no tienen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en que habitan y que no cuentan con una vivienda adecuada.

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