«Farsa electoral en Nicaragua»: Declaración del presidente EEUU, Joseph R. Biden
En el día de hoy, el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, montaron un simulacro de proceso electoral que no resultó libre ni justo y, claramente, tampoco democrático.
El encarcelamiento arbitrario de casi 40 opositores desde mayo, incluidos siete posibles candidatos a la presidencia, así como las medidas para impedir la participación de algunos partidos políticos, ya habían contribuido a amañar el resultado mucho antes de la jornada electoral.
Las autoridades cerraron a medios independientes, encarcelaron a periodistas y actores del sector privado e intimidaron a organizaciones de la sociedad civil para que dejaran de funcionar. La familia Ortega y Murillo, que perdió el apoyo popular hace tiempo y en el presente ya no tiene mandato democrático, ahora gobierna Nicaragua con carácter de autócratas, y esto hace que ya no se diferencien de la familia Somoza a la que Ortega y los sandinistas combatieron hace cuatro décadas.
Estados Unidos sostiene su apoyo al derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense, así como de cualquier otro país en el hemisferio donde la soberanía popular se vea menoscabada por el debilitamiento de las normas democráticas, la censura del espacio cívico o las violaciones de derechos fundamentales.
La Carta Democrática Interamericana conmina al hemisferio entero a actuar en defensa de los derechos democráticos del pueblo nicaragüense. Instamos al régimen de Ortega-Murillo a adoptar medidas urgentes para restablecer la democracia en Nicaragua, y a liberar de inmediato y sin condiciones a quienes han sido encarcelados injustamente por pronunciarse contra abusos y reclamar el derecho de los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas.
Hasta entonces, Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, usará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua y asegurar que rindan cuentas el gobierno de Ortega-Murillo y quienes facilitan sus abusos.