8 de octubre de 2024
Nacionales

Gobierno busca derogar Decreto 127 de 2018 que permitió evasión de 280 millones

El gobierno del presidente Nayib Bukele por medio del Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, busca quitar la fuerza al Decreto Legislativo No. 127 de 2018, credo por el ex diputado Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano, PDC, para permitir la evasión del pago de impuestos a determinados empresarios, según las informaciones.

Rodolfo Parker (@rodolfo_parker) | Twitter
Foto cortesía

El decreto legislativo 127, limitó a la Dirección General de Impuestos Internos las auditorías a $280 millones en impuestos entre 2014 y 2018.

“Los $280 millones en impuestos que se le perdonaron, de forma ilegal, a las empresas, los vamos a recuperar”, ha manfestado Alejandro Zelaya.

Para ello, el Ministro de Hacienda a través de su equipo jurídico, presentó el recurso de “Amicus Curiae” ante la Corte Suprema de Justicia,CSJ, en busca de aportar elementos en el proceso de institucionalidad.

“Con el recurso ‘amicus curiae’ buscaron aportar más elementos en el proceso de la institucionalidad 96-2014, para devolver las competencias a la administración tributaria para realizar dichas auditorías”, afirmó el funcionario.

Alejandro Zelaya, dijo que ya presentaron un escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un ‘amicus curiae’, para aportar más elementos en el proceso de la institucionalidad 96-2014, relativo a un decreto legislativo que sustrajo $280 millones en impuestos al Estado.

Agregó que con el proceso pueden devolver las competencias a la administración tributaria para realizar las auditorías.

“Una vez la Sala de lo Constitucional analice nuestro escrito, revise todos los elementos de prueba que nosotros hemos aportado, a partir de eso la Corte Suprema de Justicia puede mandatar algunas audiencias para hacer una revisión de seguimiento, o de cumplimiento de la sentencia como tal”, explicó.

El decreto 127 dejó sin efecto las auditorías del Ministerio de Hacienda y muchas empresas se vieron beneficiadas, dejando de pagar $280 millones de dólares en impuestos. “El Decreto Legislativo 127 fue un acto completamente ilegal, hubo desobediencia de los Diputados incumpliendo sentencias previas de la Sala de lo Constitucional”, destacó.

“Podría la Corte decir: ‘mire, señores de la Asamblea Legislativa reviertan lo que realizaron y devuélvanle las capacidades fiscalizadoras a la administración tributaria para que abra esos expedientes y luego vaya a tasar, termine las auditorías y se puedan cobrar con una ampliación transitoria, o suspensión de plazos, porque el decreto 127 es completamente ilegal’”, agregó Zelaya.