Inspeccionan precios canasta básica y fertilizantes Usulután y San Miguel

Autoridades de la Defensoría del Consumidor continúan en la ejecución del plan nacional de inspecciones para evitar especulación y acaparamiento de productos de la canasta básica alimentaria, como parte de las medidas integrales ante la aprobación de aumento del salario mínimo del 20 % en los diferentes rubros.

El Presidente Bukele ordenó este despliegue, el cual fue ejecutado desde el jueves en diferentes puntos del territorio nacional a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor que coordina la Defensoría, con el fin de evitar la especulación y el acaparamiento, y ayudar a la baja y estabilidad de los precios.

El personal de esta institución mantuvo la vigilancia y monitoreo de precios para proteger la seguridad alimentaria y los intereses económicos de los consumidores, que adquieren productos en supermercados, puestos de tiendas mayoristas y minoristas, así como agroservicios de Usulután y San Miguel.

“Este es un amplio operativo a escala nacional”, destacó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar. “Es importante tener ese seguimiento de precios a partir del anuncio del Presidente sobre el incremento de un 20 % al salario mínimo, que fue justamente aprobado ayer por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Con mucha más razón es clave realizar esta labor en diferentes comercios”, añadió.

Subrayó que la labor de verificar los precios en los agro servicios, negocios que se dedican a comercializar insumos de valiosa necesidad para los trabajadores del campo y con ello, contribuir a que la estabilidad que desde hace meses se mantienen en este tipo de productos continúe en medio del contexto actual.

“El Gobierno le apuesta a que esta medida del incremento al salario mínimo no repercuta en una escalada de precios. Es importante señalar que entre la medida anunciada está apoyar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas para que ese incremento sea cubierto con fondos del fideicomiso BANDESAL. No existen motivos para incrementos de precios ni especulación y la Defensoría continúa con este esfuerzo”, añadió el funcionario.

El personal de la Defensoría, como parte de esta labor, lleva a cabo investigaciones necesarias a efecto de establecer y deducir responsabilidades en aquellos casos en los que se comprueben incrementos injustificados. “Es algo que está establecido en la Ley de Protección al Consumidor, y que es una práctica abusiva de la imposición de una multa de hasta 500 salarios mínimos”.

A un mes para que entre en vigencia este aumento al salario mínimo, los esfuerzos del Gobierno se centran en la protección de la economía de los salvadoreños y en ese sentido, quienes se aprovechen e infrinjan las normas para que tal fin se cumpla, deberán responder de acuerdo a lo establecido en la ley.