Jóvenes ambientalistas preocupados por ante proyecto Ley de Recursos Hídricos
Organizaciones de jóvenes que dicen estar preocupados por una nueva amenaza de privatización del agua, se pronunciaron este miércoles, sobre el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos (LRH) presentada el viernes 18 de junio por el gobierno del presidente Nayib Bukele, por medio del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López.
Dijeron, que el tema de la crisis hídrica y la gestión del agua es un tema que nos compete de la ciudadanía, porque compromete el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tanto en el presente, como en el futuro, y transgrede otros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a una vida digna y al agua.
Las organizaciones de jóvenes, enfatizan que sufren la violencia de forma multidimensional, son estigmatizados por la violencia social que se recrudece por la injusticia ambiental, ligada al aumento de los índices de violencia, conflictos y desplazamientos por estrés hídrico.
Explican, que para su sector, la seguridad hídrica implica salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socio-económico y asegurar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados por la misma, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.
Reflexionan que la comisión Especial para el estudio de la Ley de Recursos Hídricos tiene 60 días para analizar el anteproyecto por indicaciones del presidente Nayib Bukele, aspecto que les preocua porque podría significar una falta de rigurosidad.
“Resaltamos que la propuesta de LRH ha dejado por fuera el enfoque de género, lo que derivará en una ley superficial que abrirá paso a distintos mecanismos de privatización del recurso hídrico, lo cual perjudicará a las mujeres en su diversidad, especialmente a las mujeres de áreas rurales que, debido a los roles de género tradicionales, suelen cargar con la responsabilidad de acarrear agua para el sostenimiento familiar”, reza el comunicado de prensa.
También dicen que rechazamos la propuesta de asignación de permisos de uso de agua a grandes entidades lucrativas y explotadoras por volúmenes de agua que podrían comprometer el ciclo hidrológico en las cuencas, menoscabando el acceso al agua, la seguridad y soberanía alimentaria en comunidades trabajadoras.
Consideran que la población necesita estar informada sobre el uso y distribución del agua para garantizar que sea un recurso de carácter público, por lo que se necesita una participación activa de las organizaciones sociales, promoviendo un modelo integral en la gestión del agua.
Denuncian que cualquier acción gubernamental que obstaculice el acceso a la información relativa al proceso legislativo y regulatorio del agua, como la declaración del Ministerio de Medio Ambiente en declarar en reserva por 7 años el anteproyecto de ley general del recurso hídrico, acción que fue revertida gracias a la alerta del movimiento social.
Las organizaciones de jóvenes, exigen se establezcan en la ley procesos democráticos de elección de los mismos y criterios como su reconocida trayectoria en defensa de Derechos Humanos y Ambientales conocimientos que implemente a la hora de ejercer sus atribuciones entre las cuales se encuentra en el literal f del Art. 13: Emitir las autorizaciones, sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y los permisos para la exploración.
Detallan que necesitan asegurar el agua como un derecho humano, vinculándolo con otras luchas, y así garantizar que generaciones presentes y futuras de salvadoreñas y salvadoreños en conjunto con el ecosistema, no estemos al borde de la muerte por falta de agua.
También exigen la aprobación de una ley que ponga el derecho humano al agua sobre intereses comerciales, que asegure el acceso a agua de calidad y en cantidades adecuadas para consumo y saneamiento, priorizando a la población trabajadora y la sustentabilidad de las cuencas hidrográficas y que permita una distribución equitativa y cobro diferenciado a las comunidades, empresas e instituciones por el uso del recurso.
Finalmente, invitaron a las organizaciones juveniles de todo el país, y a las personas en general, a estar alertas ante el actual proceso legislativo sobre el derecho humanos al agua y estar listas para denunciar y luchar contra cualquier decisión que ponga en riesgo una gestión participativa, pública y sustentable del derecho humano al agua en El Salvador.