Juez de Nuevo México detenido por vínculos con el Tren de Aragua
El exjuez de Nuevo México, Joel Cano, y su esposa, Nancy Cano, fueron arrestados este jueves 24 de abril de 2025, acusados de albergar a Cristhian Ortega-López, un inmigrante venezolano indocumentado de 23 años vinculado a la banda criminal venezolana «Tren de Aragua», designada como organización terrorista extranjera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según las informaciones, el Ortega-López, señalado de ser un criminal, ingresó ilegalmente a EE. UU. en diciembre del año 2023, detenido por las autoridades y fue liberado debido al hacinamiento dentro de los centros de detención. El sujeto vivía en una «casita» detrás de la residencia de la familia Cano en Las Cruces.
La investigación comenzó en enero de 2025 tras una denuncia anónima, y el 28 de febrero se ejecutó una orden de registro en la casa de los Cano, donde se arrestó a Ortega-López por posesión ilegal de armas de fuego. Las autoridades encontraron evidencia de su afiliación con la organización terrorista venezolana «Tren de Aragua».,
Cano, un exoficial de policía y juez magistrado del condado de Doña Ana desde 2011, renunció abruptamente el 3 de marzo de 2025, días después del arresto de Ortega-López, sin mencionar el incidente en su carta de renuncia.
El 22 de abril pasado, la Corte Suprema de Nuevo México, le prohibió permanentemente ocupar cargos judiciales. Los cargos contra los Cano incluyen manipulación de evidencia para Joel y conspiración para manipular evidencia para Nancy, según informes de la operación liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) e ICE.
Además, se recuperaron armas de fuego en una propiedad vecina perteneciente a la hija de Nancy, April Cano, quien presuntamente permitió que Ortega-López las usara. El caso ha generado controversia, con críticas de figuras como Amy Barela, presidente del Partido Republicano de Nuevo México, quien exigió transparencia y responsabilidad. Ortega-López enfrenta cargos federales por posesión ilegal de armas, con una posible pena de hasta 15 años de prisión.