18 de mayo de 2024
Nacionales

Juzgado Ambiental emite medidas de protección del río Tenquiza en Sonzacate

La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, la Junta Directiva Voluntaria Pro Medio Ambiente Caserío Flores Tepas y la Unidad Ecológica Salvadoreña, celebraron las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Ambiental de Santa Ana, informaron hoy .

Con las medidas cautelares, la alcaldía de Sonzacate, no podrá continuar las obras de construcción del nuevo cementerio.

Dijeron que las medidas cautelares son en respuesta a las demandas de la Mesa por la Sustentabilidad para proteger el río Tenquiza, fuente de agua para  un aproximado de diez mil familias de comunidades del municipio de Sonzacate, Sonsonate, parte de Izalco y Acajutla.

De acuerdo a las informaciones, el nuevo Cementerio Municipal de Sonzacate es un proyecto impulsado por la Alcaldía saliente del referido municipio.

En diez meses de funcionamiento del proyecto, el Consejo Municipal ignoró la preocupación de las comunidades y no respondió oportuna ni integralmente a los distintos llamamientos y solicitudes de información hechos por el Juzgado Ambiental de Santa Ana, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Gobernación Política de Sonsonate. 

Las Medidas Cautelares emitidas por el Tribunal Ambiental, sientan un paso importante, más aún no suficiente, para la protección integral del río Tenquiza y de la cuenca Sensunapan Banderas, enfatizaron. La Mesa por la sustentabilidad por los Territorios de Sonsonate, que aglutina a organizaciones comunitarias, indígenas, de mujeres, ambientalistas en defensa de la cuenca hidrográfica Sensunapan Banderas, celebra la decisión del juzgado porque, según ellos, es un paso que constituye un precedente en el reconocimiento y valorización de los derechos colectivos a un medio ambiente sano, al agua potable y a la participación pública.

Para los representantes de las organizaciones, la lucha por el agua ha vencido la improvisación y el atropello de derechos por parte instituciones públicas y privadas a nivel nacional y municipal que se han agudizado por el avance del COVID 19.

Detallaron que a pesar de los avances obtenidos con la sentencia del Juzgado Ambiental, siguen señalando que aún existen retos para la protección integral del Río Tenquiza y la Cuenca Hidrográfica Sensunapan-Banderas:

Llamaron al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, que no otorgue el permiso ambiental a la Alcaldía de Sonzacate para la construcción el cementerio en Cantón El Almendro y proceda a identificar otro espacio que cumpla con lo establecido en la Ley de Medio Ambiente, el Código Municipal y la Ley General de Cementerios.

Enfatizan que el Ministerio de Medio Ambiente debe también medir, cuantificar y establecer el tipo de daño que representa la inhumación de más de 80 cuerpos en una zona que podría afectar las fuentes de agua mencionadas, las tierras agrícolas de productores locales y el ambiente de las poblaciones aledañas.

Además, la Fiscalía General de la República deben proceder a identificar la posible comisión de delitos u omisión de responsabilidades por parte de las autoridades municipales y nacionales en el caso de la instalación de este cementerio ilegal.

Debe crearse una mesa de diálogo y de trabajo conjunto entre las autoridades municipales, las instancias nacionales y la población de Sonzacate para la identificación de alternativas para la remediación de posibles daños ambientales, así como para el proceso que pueda seguir con los cuerpos que yacen en el terreno.

Si bien es cierto, es necesario contar con espacios físicos para cementerios de las víctimas del COVID, es más importante la protección de las fuentes de agua,  por lo que hacemos el llamado al Estado Salvadoreño, desde los gobiernos locales hasta en central a priorizar en la agenda, el cuido, protección y restauración ecológica de las cuencas. Por último, como organizaciones y comunidades en defensa de la vida, el agua y la naturaleza, llamamos a la población salvadoreña a organizarse y a exigir sus derechos a través de procesos de contraloría ciudadana y de la creación de mecanismos para la gobernanza ambiental, aspectos necesarios para enfrentar la degradación de los ecosistemas salvadoreños