ONG’s piden al presidente Bukele desmilitarizar seguridad ciudadana

La recién conocida Plataforma por la Seguridad Ciudadana, conformada por unas 18 organizaciones sociales, manifestaron a través de un comunicado de prensa, que el Plan Control Territorial, impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, es un peligro debido a la militarización.

Entre las organizaciones que forman parte de la plataforma y firman el documento, se encuentran, la Fundación de Estudios Salvadoreños para la Aplicación del Derecho, FESPAD; el Servicio Social Pasionista; CRISTOSAL; Fundación para un Debido Proceso; Asociación Nuevo Amanecer, ANADES; Amanecer; la ONG internacional OIKOS; y el Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia, ECADE, entre otras, según las informaciones.

Señalan, que el Plan Control Territorial (PCT) ha sido más una estrategia publicitaria, que una política pública de seguridad, utilizada como mecanismo de presión para la aprobación de altos montos de financiamiento, y una excusa para atentar contra la independencia de poderes-

Ponen como ejemplo, de ello, lo ocurrido el pasado 9 de febrero de 2020, cuando llegó el presidente Bukele, acompañado por el Ministro de la Defensa Nacional, René Francisco Merino Monroy; y el entonces Viceministro de Seguridad Mauricio Arriaza Chicas, escoltados por elementos del ejército y de la Policía Nacional Civil.

Las organizaciones, que muestran su desacuerdo con el actual gobierno, descalifican el plan control territorial, al decir que como política pública, sólo existe en el discurso oficial, pero en la práctica repite el abordaje de los últimos 30 años.

“El 20 de junio de 2019, en la plaza Barrios, fue lanzado el PCT, el cual se enfocaría en tres áreas: control de centros penales, interrupción del financiamiento del crimen organizado y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. La reducción de homicidios no era la apuesta principal del plan, ni había un componente territorial destacado; pues, en principio, se haría únicamente en 12 municipios, aunque posteriormente se amplió su cobertura a 22”, dice el comunicado.

Continúan diciendo, que a más de dos años desde su anuncio oficial, solo se conocen algunos elementos muy generales de cuatro de sus fases, pero, el PCT sigue sin ser público y se continúa desconociendo sus componentes principales, los indicadores de medición de avances y el presupuesto asignado y necesario para su ejecución, a pesar de ser de un alto interés nacional.

También desmeritan el tranajo del gobierno del presidente Bukele, al señalar que el PCT ha continuado con la ejecución de medidas fracasadas que fueron implementadas en anteriores gobiernos, la más notable es el aumento de la militarización de la seguridad en el país.

“La militarización de la seguridad ciudadana ha sido una vieja costumbre de los gobiernos de turno para responder a los problemas de inseguridad y violencia en el país. Desde 1993 la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha estado presente en diversas tareas de seguridad pública, contradiciendo los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República, donde se estableció la naturaleza de la FAES, adscrita a la defensa nacional y separada de la seguridad pública”, recalcan.

Según el Informe de labores de 2019-2020, el Ministerio de Defensa Nacional ha brindado un incremento salarial de $100 y un bono trimestral de $400 y $150 administrativos a más de 19 mil militares.

Los militares en tareas de seguridad, además, han recibido un bono para alimentos de $200 en el periodo referido.

Hasta la fecha, se encuentran 8,626 militares en tareas de seguridad, de una planta de más de 20 mil efectivos.

Este refuerzo militar anunciado por el presidente asume que el Gobierno no ha logrado tener control de los territorios dominados por los grupos de pandillas, volviendo a la primera fase de su principal política de seguridad, pero con el agravante de implicar aún más al Ejército en tareas de seguridad.

Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha planteado que la militarización de la seguridad pública contradice nuestra constitución.

En la sentencia de Inconstitucionalidad 4-2012 se afirma que, la militarización de instituciones estatales responde a un modelo punitivo, represivo, donde no hay solución posible a los problemas que aquejan a la sociedad.

Tal como lo ha destacado la experiencia salvadoreña, el uso de la fuerza e ideología militar puede propiciar un ambiente que favorezca un sistema de dominación político, económico, social y cultural, representado y sustentado en lógicas y valores como el autoritarismo, la violencia, la obediencia ciega y la exclusión del otro

No obstante, se continúa con el enfoque equivocado de la seguridad, bajo la represión y la potencia bélica que además del efecto intimidatorio en la ciudadanía, implica desatender distintas problemáticas que exigen ser abordadas de manera urgente, como la desaparición de personas que ocurre cada día, la violencia contra las mujeres, los crímenes de odio contra población LGBTIQ+, particularmente trans, la corrupción, la falta de depuración de los cuerpos uniformados, como la FAES y la Policía Nacional Civil, entre otros.

La atención adecuada del tema no pasa por aumentar el número de fusiles y balas, sino por hacer un giro estratégico del enfoque militarista que ha sido constante en el país.

Teniendo presente que el “control territorial” pasa por fortalecer la capacidad del Estado en garantizar los derechos humanos de la población, principalmente de los grupos vulnerables.

Las apuestas fundamentales en el tema de seguridad ciudadana deben ser la prevención de la violencia, la atención integral a las víctimas y el fortalecimiento institucional, privilegiando el diálogo y la participación ciudadana como herramienta para la creación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Ante ello, los denominados Plataforma por la Seguridad Ciudadana conformada, según ellos, por 18 organizaciones, piden al gobierno del presidente Nayib Bukele, rechazar la medida de incremento de la Fuerza Armada a 40 mil efectivos, propuesta por el presidente Nayib Bukele como parte de la fase cuatro de su Plan Control Territorial.

También que reorientar los fondos que se esperan invertir en el fortalecimiento de la Fuerza Armada a acciones de prevención de la violencia, atención a las víctimas y efectiva investigación del delito.

Y que rompa con la tradición manodurista y autoritaria de abordaje de la violencia e inseguridad y desarrollar políticas integrales que respondan a las causas profundas de la criminalidad, la exclusión y la discriminación.