Organizaciones contra reforma carrera judicial y piden reinstalación magistrados
Miembros de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), dieron conocer su preocupación preocupación por la reforma a la Carrera Judicial, la cual según ellos, ha generado efectos que les alarma como defensores de los derechos y del territorio.
La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) está conformada por asociaciones de desarrollo comunal, medios de comunicación comunitarios, comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, y ecologistas.
Entre las preocupaciones que dieron a conocer, se encuentra el desmantelamiento de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla y por el trasladado de los magistrados Samuel Lizama y Cesia Romero, quienes habrían demostrado su compromiso con la justicia, el derecho, la protección del ambiente y los lugares sagrados nahuas, a través de sus resoluciones.
Recuerdan, que la Cámara Ambiental desmantelada en junio de 2021, resolvió a favor de los derechos de Pueblos Indígenas y ambientales, al ordenar medidas cautelares de protección al patrimonio intangible y tangible del Sensunapan o río Grande.
Las medidas incluyen que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no otorgue permiso ambiental de ubicación y construcción al proyecto ¨Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II’’, ya que afectaría irremediablemente al abuelo río.
Además, dijeron, ordenó a las autoridades municipales y al Ministerio de Salud que coordinaran actividades de limpieza de los Sitios Sagrados; al Ministerio de Cultura la emisión de una política pública para la puesta en valor y la salvaguarda de los lugares sagrados de los Pueblos Indígenas de Sisimitepet y Pushtan, municipio de Nahuizalco.
Agregan, que el juez ordenó al MARN, como parte de las medidas cautelares, la evaluación de las otras hidroeléctricas ya existentes en el Sensunapan, al concluir que existen afectaciones al caudal del río y amenazas contra el patrimonio cultural por parte de empresas que solo buscan enriquecerse, no importándoles los daños ambientales y culturales que causan. Por todo esto, hoy las comunidades estamos en desacuerdo con el traslado de la jueza Cesia Romero y del juez Samuel Lizama.
Para los dirigentes ambientalistas, no se justifica que magistrados que realizan su trabajo apegado a derecho sean trasladados, y que por ello exigen que se restituya el orden en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, para que los jueces Lizama y Romero puedan dar continuidad al trabajo en favor de las mayorías.
Agregan que su expectativa y exigencia como miembros de la organización MESUTSO es que se mantengan las medidas cautelares y el seguimiento a los casos donde la voz de las comunidades, Pueblos Indígenas y organizaciones ambientalistas sean escuchadas, como una forma de garantizar los derechos colectivos o el interés público por sobre los intereses privados.
Señalan que la independencia judicial es determinante para garantizar justicia ambiental, la puesta en valor cultural y la debida protección del tesoro cultural de lo que hoy es El Salvador.
Piden al gobierno del presidente Nayib Bukele, el respeto a la institucionalidad democrática y de Derecho, sin buscar jueces que respondan a intereses personales, políticos o económicos.
Denuncian que por la posición que han adoptado los jueces han sido trasladados como represalia por pate de la Corte Suprema de Justicia.
