ORMUSA insta políticas seguridad diferenciada feminicidios contra niñas y mujeres
Ante los recientes hallazgos de feminicidios múltiple, violencia sexual, desapariciones y otros hechos de violencia feminicida contra las mujeres, ORMUSA expresa su preocupación y llama a las instituciones gubernamentales a fortalecer políticas de seguridad ciudadana que atiendan de forma diferenciada la violencia misógina contra las niñas, adolescentes y mujeres.
Los recientes hallazgos de feminicidios y violaciones múltiples identificadas en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, evidencia que las desapariciones deben investigarse como violencia por razones de género y en consonancia, poner en práctica protocolos y recursos estatales idoneos para dar una respuesta pronta y adecuada a las familias y víctimas de estos delitos.
Crímenes como los relatados fueron cometidos con ensañamiento, violencia por medios sexuales, tortura, vejación y ocultamiento de los cuerpos, y deben ser considerados como alertas de la necesidad de erradicar las prácticas sociales de tolerancia a la violencia contra las mujeres, típicas del patriarcado imperante en la sociedad salvadoreña.
Los hechos evidencian que no son casos aislados, ocurren de manera frecuente y con un efecto normalizador, tampoco son hechos espontáneos o emergentes en la vida de las mujeres, sino son el clímax de un ciclo continuo de violencia.
Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal (IML) registró 47 feminicidios de enero a marzo de 2021, lo que muestra un aumento del 60 % en comparación con el año anterior (2020), cuando se registraron 28. El 70 % de los cuerpos de las mujeres asesinadas de enero a marzo de 2021 se localizó en la propia casa, la calle, terreno y vía pública, lo que evidencia que las mujeres no están seguras ni en su casa menos fuera de ella. Adicionalmente, la Fiscalía General de la República reporta 96 mujeres desaparecidas solo en los dos primeros meses de 20211
Con relación a la violencia sexual, la Fiscalía General de la República (FGR) registra al menos 8 denuncias diarias por estos delitos en el primer trimestre de 2021, en el mismo periodo de 2020, recibió 980 denuncias, en promedio más de 10 casos cada día.
Con base a las encuestas sobre violencia sexual, se conoce que buena parte de las víctimas de violencia sexual no denuncian, pese a las graves consecuencias físicas, emocionales y sociales del abuso sexual, entre ellas los embarazos impuestos.
Estadísticas del Ministerio de Salud2 indican que, en el primer trimestre de 2021, se han registrado 138 embarazos en niñas entre 10 a 14 años y 3555 en adolescentes de 15 a 19 años. Estas cifras deben poner en alerta a toda la sociedad salvadoreña y especialmente al sistema de protección de niñez y adolescencia. En términos porcentuales, los embarazos de niñas y adolescentes representan el 22.8 del total de embarazos inscritos en 2020, mientras que en lo que va de 2021, representaron el 22.45 %.
Si bien hay una leve disminución en los embarazos para el rango de edad de 10 a 14 años como para el grupo de 15 a 19 años, esta no logra ser significativa. Para el caso de los embarazos de niñas entre 10 y 14 años en el primer trimestre de 2021, se registraron 6 embarazos menos respecto al mismo período de 2020 y para las adolescentes entre 15 y 19 años, se contabilizaron 282 embarazos menos que en el primer trimestre 2020.
Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que los efectos de la pandemia por COVID-19 también afectó las atenciones brindadas por el Ministerio de Salud en áreas que no fueron precisamente las relacionadas con la mitigación del coronavirus, sobre todo, en 2020. Además, es preciso investigar y sancionar la violencia sexual en todas sus formas, especialmente cuando se trata de niñas menores de 14 años.
Los embarazos en niñas y adolescentes representan sistemáticas violaciones a sus derechos humanos. Una vez son madres, las niñas y las adolescentes no vuelven a ser tratadas como tales, sino como adultas y sus derechos continúan siendo vulnerados en el ámbito familiar y comunitario, principalmente.
Por tal razón, es urgente que se impulse con los recursos y enfoques necesarios, la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017- 2027, que implica intervenciones intersectoriales articuladas, que incorporan el enfoque de derechos humanos, género e inclusión, facilitando el empoderamiento de niñas y adolescentes para su pleno desarrollo, buscando superar los obstáculos y desafíos planteados en la estrategia3
Estos hallazgos motivan la necesidad de abordar el problema de la violencia contra las mujeres desde sus más profundas raíces: la desigualdad y la prevención desde subsistemas de protección que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres incluyendo sistemas de alerta y detección temprana del riesgo feminicida y sexual.
Finalmente, expresamos nuestra preocupación y exhortamos a las autoridades nacionales a brindar respuestas consecuentes con la dimensión actual de la violencia contra las mujeres, que incluya la revisión de normativa integral, un tratamiento digno en relación con las mujeres asesinadas, a sus familias, así como un seguimiento exhaustivo de la violencia sexual, evitar el favorecimiento de la impunidad y una reparación integral, especialmente el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres desde el Estado; además de fortalecer y difundir los servicios especializados para las víctimas de violencia por razones de género.