ORMUSA urge al gobierno atención violencia contra las mujeres

La reciente desaparición y feminicidio de Flor de María García, es solo el rostro de una pandemia que afecta de manera permanente a las mujeres de diversas edades y sectores sociales, muchas veces normalizada e invisibilizada dentro de las coyunturas nacionales, por tanto, es preciso atender la violencia intrafamiliar y desapariciones desde el enfoque de género.

Datos de la Fiscalía General de la República (FGR), recopilados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, de ORMUSA, revelan que los feminicidios aumentaron 33.96 %, de enero a mayo de 2021, comparado con el mismo período de 2020. En los primeros 5 meses del presente año, han ocurrido 71 feminicidios frente a los 53 registrados de enero a mayo de 2020.

Adicionalmente, de enero a abril de 2021, la FGR recibió 306 denuncias de mujeres desaparecidas y 441 denuncias por violencia intrafamiliar. En promedio, son más de dos mujeres desaparecidas cada día y más de 3 casos diarios de violencia intrafamiliar (el 73 % tenía entre 18 a 50 años).

De enero a diciembre 2020, de acuerdo al monitoreo de prensa que realiza ORMUSA, al menos 19 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. De enero a junio de 2021, tomando como referencia notas periodísticas, han ocurrido 11 feminicidios en circunstancias similares.

Esto demuestra que el feminicidio es un desenlace probable en diversos hechos de violencia física, psicológica, económica y sexual, inmerso en la violencia intrafamiliar, es decir, en el círculo de mayor confianza de las mujeres y que es causada frecuentemente por parientes u hombres que conviven con las víctimas; el riesgo aumenta cuando las mujeres tratan de salir de una relación violenta o de abusos, al intentar separarse de la pareja o denunciar.

Una de las líneas de análisis indispensables en el problema de las desapariciones es tomar en cuenta que puede ser antesala de riesgo letal. Según la CEPAL, “de acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60 y el 76 % de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida.

Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio”.

Por tanto, los mecanismos de alerta temprana deben enfocarse en esta variante de violencia para la reducción del riesgo feminicida, sabiendo que esta práctica puede ser perpetrada por agresores del entorno de confianza de las mujeres víctimas, pero también en colusión o pacto con el crimen organizado como especie de sicariato.

Por ello, se recomienda impulsar el Sistema de Registro e Información con cruce de datos vitales entre la red de instituciones para contar con un registro confiable, seguro y actualizado con dos variables: personas desaparecidas y cadáveres sin identificar. También se requiere estrategias como el banco de datos genéticos, bajo una protección de datos e integración de sistemas como el Sistema Nacional de Salud (hospitalarios), sistema penal (personas detenidas) y Registro de Medidas de Protección a mujeres víctimas de violencia, dotado de mecanismos de información de forma segura, actualizada y accesible para las personas que buscan a mujeres desaparecidas.

Además, urge movilizar la conciencia ciudadana para denunciar todo hecho de violencia contra las mujeres, y las instituciones del Estado deben asegurar que brindarán la debida atención y seguimiento a cada una de las denuncias, además de brindar servicios de apoyo y resguardo para las denunciantes y sus hijos e hijas, durante todo el proceso de juzgamiento del agresor.

Es evidente que los avances legales y las políticas institucionales en casos de violencia contra las mujeres son insuficientes para tratar la complejidad que está a la base de la misma y por tanto, llama a fortalecer esfuerzos y destinar los recursos idóneos, tomando en cuenta la realidad que golpea a las mujeres en las comunidades y hogares salvadoreños.

Pese a que la violencia intrafamiliar y la violencia sexual es una amenaza frecuente contra las mujeres de diversas edades, algunas veces estos hechos tienden a ser minimizados o pocas veces visibles en las agendas de las instituciones con responsabilidad en la seguridad ciudadana.

En el área de seguridad es preciso fortalecer los servicios especializados para la prevención, atención, investigación, sanción y reparación de las mujeres víctimas de violencia en todas sus formas, independientemente de las personas o instituciones que la generen.

También es necesario aumentar el número de tribunales especializados creados con la LEIV y las áreas policiales especializadas (UNIMUJER-ODAC). Igual importancia cobra las unidades de Género ministeriales y unidades Especializadas de los distintos órganos de Estado, por lo que deben contar con el presupuesto necesario, autonomía y personal idóneo para el desempeño de sus responsabilidades legales.

Es imprescindible, asegurar el rol de coordinación encomendado a la Comisión Técnica Especializada creada con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV); esta comisión debe ser integrada por las distintas instituciones con responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la LEIV, bajo la coordinación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), como ente rector de las políticas de igualdad de género y otras vinculadas a la violencia contra las mujeres.

Otro elemento primordial son los procesos de investigación y recolección de pruebas desde el enfoque de género, la aplicación de los procedimientos y protocolos que brinden atención emocional y acompañamiento a las víctimas directas de la violencia y sus familias, así como implementar las medidas de reparación que impulsen acciones transformadoras para disminuir y erradicar la desigualdad que sustenta la violencia.