18 de mayo de 2024
Academia

Políticas Públicas: el reto de las municipalidades

Antropólogo Pedro Ticas

…“la política pública debe ser comprendida más allá de la acción misma de la autoridad. Comprende detalladas formas de articulación sistémica entre gobernantes y gobernados, entre la totalidad de los trabajadores gobernantes y la sociedad civil gobernada, comprende de hecho, un sistema de símbolos, códigos y mensajes entre los que media la acción para satisfacer la necesidad social y transmitir la conciencia social de la acción misma”

En cumplimiento a una solicitud que muy amablemente me hicieran algunos académicos y políticos, ahora retomo un artículo publicado en 2007 por Co-Latino en el cual desarrollé algunos elementos sustanciales sobre la Administración Pública Municipal. Precisamente, debido al presente tiempo electoral que en este momento ocupa a El Salvador para elegir Alcaldes y Diputados, este trabajo puede ofrecer a los candidatos algunas ideas que quizás puedan servirles en su quehacer político-administrativo.

Sobre la Administración Pública

El concepto de Administración Pública puede explicarse en dos sentidos. Primero, su sentido Formal que señala una entidad con poder político determinado para satisfacer las necesidades de la población. Segundo, desde su sentido Material que señala la plena actividad Administrativa y de gestión. Por tratarse de un organismo que realiza una actividad del Estado, la responsabilidad del ejercicio administrativo recae en el Estado, esto significa que al juzgar la gestión administrativa de cualquier gobierno Municipal o Ejecutivo Nacional, las consideraciones de crítica deben ser analizadas desde el diseño mismo del Estado y no de los individuos que las ejecutan. Precisamente, esto hace una de las grandes diferencias entre Políticas Públicas y Administración Pública. La Administración obedece al diseño organizativo del Estado; mientras la Política incorpora variantes conceptuales, metodológicas y técnicas en su aplicación. 

Las Políticas Públicas

La Política Pública es una de las áreas pertenecientes a la Ciencia Política que se encarga de estudiar las acciones que llevan a cabo las autoridades públicas en la sociedad civil. Estas se implementan técnicamente en diversas áreas propias de la actividad socioeconómica, cultural y todas aquellas que demande la población y/o sectores locales, regionales o nacionales. En términos generales, las políticas públicas implementadas en la mayoría de países latinoamericanos tienen que ver con diseños importados y en lo mucho, muy poco apropiados a sus realidades nacionales, por ello, “la política pública debe ser comprendida más allá de la acción misma de la autoridad. Comprende detalladas formas de articulación sistémica entre gobernantes y gobernados, entre la totalidad de los trabajadores gobernantes y la sociedad civil gobernada, comprende de hecho, un sistema de símbolos, códigos y mensajes entre los que media la acción para satisfacer la necesidad social y transmitir la conciencia social de la acción misma”[1]. Ciertamente la política pública debe estar definida sobre estrategias lógicas y permanentes. En cualquier tipo de Gobierno, ninguna de ellas puede alcanzar su mejor realización si adquiere carácter transitorio, incluso, aún los cambios en el poder político no deberían significar la modificación de las políticas públicas, sino, en todo caso, las formas de Administración de las mismas. Con toda seguridad, en su elaboración intervienen disímiles elementos de orden conceptual, empírico y filosófico. Para decidir sobre su mejor diseño metodológico, tiempo político y económico, debe recurrirse a la lectura empírica de la realidad por demás cambiante, interactiva y contrapuesta. No basta con resolver problemas de la cotidianidad, aquí y ahora, la solución de problemas exige pensar los espacios de la Colonia, el Municipio, el Departamento con sentido futurista, es decir, pensar la nación integral. El mundo globalizado exige consideraciones globalizadas y globalizantes, por ello, el micro espacio debe pensarse como instrumento metodológico de las políticas públicas en su sentido económico, administrativo, cultural e histórico, en resumen, las nuevas sociedades, la reorganización mundial de la economía y las contrastantes realidades de los países que hoy tenemos imponen modernas formas de hacer política desde la administración pública. En materia partidaria, el tareísmo ha sido superado por la razón crítica de militantes y no militantes, esto obliga a reconocer que los intereses políticos deben circunscribirse a los intereses sociales y por tanto, a la modificación de instrumentos, estrategias y técnicas de vinculación con la sociedad civil, más aún, desde la Gobernabilidad.

Gobernabilidad social y política

Tal parece que la “modernidad” de los estados nacionales imponen nuevas formas de interrelación entre sociedad civil (pueblo) y sociedad política (específicamente gobierno). Desafortunadamente esa “modernidad” sigue siendo desigual. Las sociedades occidentales imponen sus formas, métodos y procedimientos políticos, económicos e ideológicos sobre aquellas naciones históricamente dependientes, las cuáles, en última instancia, se convierten en extensos laboratorios de políticas internacionales de muy poca eficiencia local. El mundo se reordena socioeconómicamente con celeridad. Todo parece indicar que el siglo XXI identifica la esfera de la Distribución y Consumo (comercio) del ciclo de producción capitalista, como su cometido fundamental. Esto se debe a la sobreproducción de bienes de capital generados por más de 300 años consecutivos y que ahora debe desahogar. No es pues, la Pandemia Covid19 que ahora vive la humanidad, una casualidad, una circunstancialidad. Se halla plenamente articulada a los intereses de dominio del capital tecnológico sobre el industrial y agrícola. Sin lugar a dudas, la actividad comercial que ahora llaman “generadora de riqueza” no es otra que la distribución mundial y masiva de productos abaratados por la tecnología y el consumo ilimitado de poblaciones educadas hacia ese propósito. Esta realidad obliga modernizar o al menos, actualizar, las formas de organización de los estados nacionales. Se trata de organizar estados en donde el poder político medie entre lo público y lo privado y su acción política descanse en la organización de la sociedad. A partir de la nueva realidad, el mundo Occidental industrializado ha implementado distintas formas del ejercicio político a través de la Administración Pública, naturalmente dicho ejercicio no coincide en lo absoluto con la realidad de los países dependientes, por ello, las aplicaciones de modelos ajenos a las realidades particulares latinoamericanas han sido muy poco efectivos por más de un siglo.  

En El Salvador, la cultura de la conducta ciudadana adquirida después de la guerra se manifiesta de diversas formas. Una de ellas se expresa en la apatía que la población muestra para preservar o producir un entorno propicio para el desarrollo humano. Como sucede en la mayoría de los casos (aunque con algunas excepciones), los individuos desconocen la importancia de la organización social; de hecho, en términos generales no se muestran muy interesados en conocer sobre las formas de poder que se obtienen a partir de las redes sociales; por el contrario, se confunde el concepto de organización (poder) político con poder social. Se trata de una confusión entre las formas organizativas políticas y las formas sociales. La comunidad responde al vínculo político, a los imaginarios políticos que en resumidas cuentas obstruyen la admisión de la conciencia social obligando al distanciamiento entre los intereses del individuo y los intereses comunitarios. En el caso de la sociedad civil, ciertamente se ha iniciado el proceso de identificación con lo público expresado en lo político. Se trata de un proceso de identidad nacional que se logra (aunque de manera muy breve, coyuntural o eventual) por medio de la participación política entendida estrictamente desde el ejercicio electoral. 

Sin duda que el tema de la Gobernabilidad comprende disímiles componentes articulados e interdependientes tales como Institucionalidad, Gobernabilidad y Política. Al respecto, en esta oportunidad me ocupo del Estado y la Sociedad Civil, El Prestigio y el Poder y finalmente, la Autoridad y Costumbre, elementos que en mi opinión constituyen parte fundamental del intervínculo entre la Institucionalidad, la Política y la Gobernabilidad. En principio de cuentas, el problema de estos tres elementos consiste en las recurrentes y equivocadas definiciones que se les apropian al suponer que pueden ser controlados virtualmente por disposiciones estrictamente ideológicas o administrativas. En contraposición, insisto que los tres conceptos por sí mismos significan una abstracción si no se establece la relación con su objeto, es decir, con la población, misma que constituye la esencia y punto de encuentro entre los tres. Aclarada esta premisa, inicio un breve repaso desde dos aspectos fundamentales: lo teórico y lo metodológico.

Sin duda que el tema de la Gobernabilidad comprende disímiles componentes articulados e interdependientes tales como Institucionalidad, Gobernabilidad y Política. Al respecto, en esta oportunidad nos ocupamos del Estado y la Sociedad Civil, El Prestigio y el Poder y finalmente, la Autoridad y Costumbre, elementos que, en nuestra opinión, constituyen parte fundamental del intervinculo entre la Institucionalidad, la Política y la Gobernabilidad. El principio de cuentas, el problema de estos tres elementos consiste en las recurrentes y equivocadas definiciones que se les apropian al suponer que pueden ser controlados virtualmente por disposiciones estrictamente ideológicas o administrativas. En contraposición, insistimos que los tres conceptos por sí mismos significan una abstracción si no se establece la relación con su objeto, es decir, con la población, misma que constituye la esencia y punto de encuentro entre los tres. Aclarada esta premisa, iniciemos un breve repaso desde dos aspectos fundamentales: lo teórico y lo metodológico.

En lo teórico, la institucionalidad se define por su sentido, legitimidad y función. La Institución como forma, constituye un símbolo, imagen; como contenido, debe ser resultado de los intereses individuales manifiestos en el todo social. Precisamente una vez cumplida su función de representatividad de los intereses individuales alcanza nuevos logros al colectivizarlos, en consecuencia, la institución se desdobla en institucionalidad en el momento en el que los individuos alcanzan su institucionalidad expresada en el intervinculo y su articulación. Por su parte, la Gobernabilidad resuelve la relación entre necesidad y libertad, entre ambas media la administración, misma que sólo tiene efecto mientras los individuos alcancen su vínculo con la institución (principio de libertad), caso contrario, la gobernabilidad solo aparece como expresión del imaginario (principio de la necesidad) y los individuos sólo buscan la satisfacción de sus necesidades de manera espontánea, coyuntural o empírica. El plano Político se resuelve fácilmente. Mientras lo ideológico no supere las acciones políticas, es decir, mientras la ideología no se imponga a la organización social (sociedad civil), la política como expresión de la institucionalidad y la gobernabilidad alcanzarán mejores niveles de intervinculo, en simples palabras: se alcanzará la democracia plena. 

 Las teorías

Sin duda que sobre el tema que nos ocupa, una de las escuelas que más ha generado discusión es la estructural-funcionalista.En ella, Michael G. Smith[2] desarrolla algunas ideas expuestas por Weber y Leach. Smith establece una diferencia entre Gobierno y Política. Como todo funcionalista, en su opinión, el Gobierno tiene como fundamento la administración de los asuntos públicos y su respectivo control. Desde luego que el control es, en su forma, un proceso, una estructura y por supuesto, una idea. En su sentido más estricto, los componentes básicos de la estructura y del proceso de gobierno son las acciones administrativas y políticas. La acción política determina la acción del gobierno[3], mientras que la estructura de la acción política se circunscribe al interior de una red de relaciones de poder que implican competencia, compromisos y alianzas. En cuanto al gobierno, éste confiere una acción en el sistema de autoridad que se traduce en orden, obligaciones, derechos y concesiones. En consecuencia, las tesis centrales de los teóricos funcionalistas no dejan de ser simples tautologías sobre todo cuando afirman que el sistema político es funcional, es decir, que cualquier elemento cultural o institución cumple con una función; en ello existe una indispensabilidad funcional del sistema político, es decir, que ningún otro sistema puede cumplir la supuesta función que desempeña la política. Ciertamente, dicha preposición tiene que ver con la tesis clásica del funcionalismo del Cambio Social (4)  Naturalmente esta tesis, contiene una serie de limitaciones tanto teóricas como metodológicas, puesto que el sistema social siempre retorna a un punto de equilibrio después de un período de desajuste. En definitiva, tanto el funcional-estructuralismo como el evolucionismo plantean que los factores económicos y políticos se mezclan en una relación interdependiente, sobre todo cuando se manifiesta en una sociedad con marcada diferenciación social, el grupo social dominante manipula la división social del trabajo. La lucha por el poder (la política) se establece alrededor de la manipulación de la división social del trabajo (la economía). La consolidación de la política sólo es posible donde existe el fenómeno histórico de la desigualdad social, por eso, la destrucción de los intereses políticos implica la desaparición de la desigualdad social (5).

El estado y la sociedad civil

Política, Estado y Estructura Social no son cosas diferentes. El Estado es la estructura de la sociedad y se funda sobre la contradicción entre la vida pública y la privada, entre el interés general y el interés particular6, en tal sentido, las formas y niveles de la administración deben circunscribirse al plano de la actividad formal porque su forma de control y poder termina en el comienzo mismo de la vida civil, por ello, al estudiar la oposición entre el estado democrático y representativo y la sociedad civil, ésta debe entenderse como la expresión más acabada entre la vida social pública y la esclavitud. En los llamados Estados Modernos, la base de éstos, es la sociedad civil y la base de la sociedad es el individuo cuyo nexo con otros se establece únicamente por el interés privado y la necesidad inconsciente de asumir su naturaleza social, esto es, sus relaciones sociales y la interdependencia económica.

El prestigio y el poder

Autoridad y Costumbre

En realidad, ambos elementos contienen en su esencia un complejo sistema ideológico. Para que puedan expresarse, ambos requieren de la forma, esto es, cultura, religión, ciencia, arte, política y otros tantos. Ciertamente, el tema del prestigio y el poder es tan basto, amplio y diverso, que sólo por sí mismos, requieren un estudio especial. Sin embargo, vale la pena señalar que, de acuerdo a la realidad, historia, necesidad o tipo de organización social, el honor social o el prestigio pueden convertirse en la base del poder político. Si la estructura de la sociedad o grupo social reside en su organización cultural, entonces el prestigio y poder estarán orientados en esa área; en cambio, si su estructura reside en el factor económico, prestigio y poder estarán más relacionados con la dependencia y la subordinación, aunque en todo caso, todas las formas de honor social que se distribuyen en una comunidad entre grupos que participan en esa distribución es lo que llamamos “orden social”. En cierto tipo de sociedades, cuando los subordinados se vuelven contra sus líderes, lo hacen solo en forma personal, sin estar realmente contra los cargos que ocupan. Buscan desplazar al líder de su cargo y sustituirlo por otro: esto es una rebelión y no una revolución. Sostengo que las rebeliones nunca atentan contra el orden establecido sino más bien, tienden a fortalecerlo(7). En otras palabras y tal como sucede con el conflicto, las divisiones entre los líderes que buscan poder y entre los seguidores que buscan líderes, en términos de intereses y alianzas establecidas por la costumbre, desembocan en conflicto y aún en pelea abierta, aunque finalmente estas divisiones refuerzan la cohesión social.

En principio de cuentas distinguiremos el dominio que impone la ley de la Autoridad, con relación a la Costumbre. Normalmente, en el ejercicio de la ley y su consecuente aplicación, los estados políticos se esfuerzan por legislar sobre la conciencia de los individuos, dichas legislaciones constituyen la antítesis de la costumbre. La Costumbre está más relacionada con los estados de conciencia de los individuos, contiene una conducta heredada, misma que se convierte en comportamiento social de orden tradicional, moral y religioso conformados por aspectos convencionales y no legales, es decir que la costumbre es la moralidad social. La relación entre la costumbre y la ley no es de continuidad sino de contradicción, en tal sentido, la noción de que el cambio social es una función de la ley y viceversa, implica una dialéctica que no coincide con la realidad histórica (8). En definitiva, la Institucionalidad confiere la existencia de relaciones de poder, las cuales sólo se presentan en el individuo como resultado de su articulación con la institución. Mientras la Institución no proporcione dicho poder (aún en lo simbólico), difícilmente alcanzará el plano de la Gobernabilidad; en consecuencia, la imperiosa necesidad de entremezclar institucionalidad (individuos) con Gobernabilidad (estado), debe ser parte de la Política, la cual, representa, en última instancia, la razón de ser de la Administración del Estado.

El reto de las municipalidades en los llamados Estados Modernos

Ser gobierno o ser pueblo

Como señalé en la primera parte de este trabajo, en el caso salvadoreño, todo indica que todavía algunos servidores del Estado confunden la Administración Pública con las Políticas Públicas. Ciertamente la Administración se comprende en las Políticas Públicas, de hecho, la Administración responde a diseños, modelos, filosofía y procesos técnicos que emanan de la Política Pública que ha sido predefinida en cada institución. Definir una política pública significa ser GOBIERNO, de hecho, no debe confundirse ser GOBIERNO y ser PUEBLO, no pueden cumplirse ambos roles a la vez, para ello, las Políticas Públicas se valen de la Administración para proporcionar el mejor servicio y calidad en la atención a la ciudadanía.

Desafortunadamente, en el caso Latinoamericano y particularmente en aquellos países con menor desarrollo, la Administración Pública en Municipalidades y Ejecutivos Nacionales adquieren matices y comportamientos propios del siglo XVII. Las formas de gobierno se tornan más administradoras a la usanza de la gran hacienda que de las exigencias del siglo XXI. Se discute más sobre la cotidianidad y la solución de pequeñas solicitudes o demandas domésticas que sobre las grandes decisiones políticas que deben tomarse, quizás por ello, el círculo histórico de no avanzar en la solución de los problemas se convierte en patrón cultural en el que tanto gobernantes como gobernados gustan experimentar.

Consideraciones breves en torno a la Administración Pública

En términos generales la Administración Pública se refiere a una forma de organización que integra un grupo de profesionales a quienes se les confiere recursos materiales y económicos públicos con la finalidad de poner en práctica las políticas públicas definidas. En su sentido funcional, la Administración se convierte en el vínculo entre el ciudadano y el gobierno.

El proceso de formulación

Hasta el momento, dos parecen ser los modelos que más han sido abordados en materia de elaboración de las políticas. Primero, el llamado modelo racional (Simon, H. 1947;60;83) y segundo, el modelo incremental. En el primer caso, comprende tres momentos diferenciados: 1) indagarse o recopilar toda la información posible para identificar con claridad los problemas existentes, 2) planteamiento de todas las alternativas posibles para la solución del problema y 3) análisis total de todas las posibles soluciones de todos los problemas. Pese a que el modelo muestra sencillez en su lógica operativa, ciertamente adolece en su principio básico de pensar que la política pública parte de cero, más bien, por el contrario, las políticas se anteceden en las realizadas por las autoridades anteriores, de tal suerte, que el capital político acumulado se convierte en un instrumento viable para su análisis y corrección.

Por su parte, el modelo incremental (Lindblom1959;68;79), trata de resolver el problema de los mecanismos, procedimientos o métodos utilizados para la previsión de problemas y una evaluación institucional que permita la satisfacción de la demanda. Aunque en la práctica, este modelo presenta dificultades técnico-conceptuales, ciertamente parece ser uno de los más prácticos, quizás por ello, es uno de los más utilizados para la formulación de políticas públicas.

 Principios básicos para la elaboración de Políticas Públicas

Ciertamente no existe recetario propedéutico o introductorio para la elaboración de políticas; sin embargo, es imperativo recordar que cuando se asume la condición de gobierno, el principio fundamental contiene una determinante más política y menos administrativa. Esta administración pertenece a la esfera de lo operativo, lo cotidiano, la multilaboralidad. La política debe cumplir con dos condiciones elementales: la anticipación y previsión, de manera que su cumplimiento garantice la sincronía de las políticas con las transformaciones sociales. Una vez consideradas estas dos condiciones, debe plantearse su proceso de elaboración que comprende tres[9] momentos: 1) la formulación de la política, la implementación o su proceso de aplicación práctica y la evaluación de su rendimiento. Después de programado y ordenado dichos momentos, la formulación de las políticas contienen cinco[10] etapas o pasos: A) Establecimiento de la agenda política. B) Definición de problemas. C) La previsión. D) Los objetivos. E) Selección de la opción:

A) Establecimiento de la Agenda Política

A pesar que los gobiernos políticos son elegidos para satisfacer las demandas ciudadanas, no todas las demandas llegan a convertirse en política pública ya que sólo habrá que definir políticas sobre aquellas que por sus características o particularidades frecuentes pueden convertirse en problema de carácter administrativo. Aunque en su sentido más amplio todas las demandas ciudadanas deberían ser satisfechas y con la misma importancia, operativa y políticamente no puede hacerse política sobre todas ellas. Posiblemente una de las razones que pesan en la diferencia tenga que ver con aspectos culturales, históricos y quizás hasta de orden subjetivo. En lo cultural, las formas de valor que adquiere una demanda en cada gobernante es distinta. En lo histórico una demanda puede alcanzar niveles míticos y subjetivos[11]. Para algunos, la decisión de crear políticas sobre determinados problemas tiene que ver precisamente con “hacer política” a la usanza tradicional de la política provinciana del siglo XVIII. Lo cierto es que las sociedades evolucionan, cambian y se transforman y en ello, los grupos humanos se dinamizan y transfieren valores de una generación a otra o en el peor de los casos, los valores se modifican sin alternancia y rompiendo los patrones preestablecidos.

Aún con todas las formas o tipos que la Agenda Política adquiera, el siglo XXI impone cambios sustanciales. Se trata de pensar las sociedades en perspectiva, es decir, de forma previsora tratando de establecer un equilibrio entre la sociedad gobernada y la función institucional, dicho de otra manera, las instituciones políticas deben retomar su función y convertirse en algo más que una administradora de los bienes públicos, deben empero, convertirse en la identidad misma de la población. Esto pasa por la identidad primaria entre los trabajadores y la institución en la que laboran, sin identidad institucional no puede alcanzarse la institucionalidad, es decir, la unidad subjetiva (conciencia) entre gobernantes y gobernados. En definitiva, la Agenda Política debe ser la más política (futurista) que Administrativa.

B) Definición de problemas

En simples términos, definir las problemáticas significa asignarlas en sus respectivos lugares de importancia, entenderlas y conocerlas con mayor profundidad. El Salvador se caracteriza por el constante reciclaje de problemas, de hecho, algunos de ellos se presentan con frecuencia y exactitud. Calendario anual de enfermedades, problemas de medioambiente, agua, infraestructura, deficiencia alimenticia, nivel educativo bajo y otros tantos, que ya han dejado de ser problemas para convertirse en patrón cultural asimilado.

C) La Previsión.

Definir una Política Pública de previsión tiene el mayor de los sentidos para gobiernos con visión futurista. No cabe duda que ser gobierno se torna relativamente fácil, sin embargo, pensar y hacer gobierno resulta mucho más difícil cuando se trata de formas de gobierno que asumen retos políticos dirigidos al progreso, el desarrollo y el cumplimiento de satisfactores humanos. Como señalamos anteriormente, la previsión política sobre los cambios micros y macros en la población, deben conducir a reorientar la administración institucional, en ello, se crean o reformulan proyectos, programas o áreas que generen el intervinculo entre la institución en su sentido práctico o simbólico (jurídicas, políticas, humanistas, etc.) y la población. A medida que las sociedades alcanzan mayores niveles de complejidad, las demandas ciudadanas aumentan y se diversifican, en tal sentido, la satisfacción de las mismas quedará siempre inconclusa, por ello el sentido de la institucionalidad (expresado en su sistema de cargos) debe predominar sobre el sentido de la necesidad (expresado en las necesidades individuales o colectivas de la población)

D) Los Objetivos

La definición de objetivos pasa por la determinación de prioridades. Naturalmente, estos objetivos dependerán de las políticas que se implementen, es decir, a cada política corresponde un objetivo que pude cumplirse a corto o mediano plazo. Debido a los procesos electorales de sucesión de gobiernos, las políticas no dejan de ser temporales o coyunturales, salvo ene l caso de aquellos territorios en donde un partido político asuma su triunfo electoral en periodos largos y continuos, los objetivos a largo plazo pueden cumplirse con mayor precisión y participación ciudadana. Es importante distinguir el significado de Participación Ciudadana y Participación Comunitaria. La primera responde a intereses que unen al grupo eventualmente para satisfacer una necesidad, resuelta la misma, el grupo se desvincula y pierde su sentido de pertenencia. En el segundo caso, se trata de individuos, núcleos familiares o grupos que ven en la integración comunitaria la satisfacción de sus necesidades y su propia identidad, por ello es importante que al definir los objetivos de una política debe hacerse una distinción en lo dicho.

E) Selección de la opción

Una vez realizados los pasos anteriores, se seleccionan las distintas propuestas desde el principio básico de la “Alternancia”, es decir, el cumplimiento de políticas públicas que logren situar en perspectiva las grandes decisiones tomadas durante el ejercicio de la Administración del gobierno.


[1] Ticas, Pedro, Antropología de la gobernabilidad, Gobierno Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, México, 1989. p. 34

[2]Smith, Michael, Gobernment in Zazzau: 1800-1950, Oxford University Press, 1970

[3] Fábregas, A.,

(4) Ídem. Óp. Cit. Et .al.

(5) Ticas, Pedro, 500 años de resistencia, Serie Antropológicas, Ed. UNAM, México, 1992

(6) Fábregas, A., Antropología Política, Ed. Prisma, México, 1976

(7) Fabregas, A., Ibídem. Óp. Cit.

(8) Ibídem. Óp. Cit.

[9] Pallares, 1985, 85;70

[10] Ídem. Óp. Cit.

[11] Ticas, Pedro, Antropología Política, Ed. CCC, México, 1994. p. 115