Presidente Bukele señala alcaldes entorpecen trabajo contra pandemia y quieren apropiarse fondos COVID-19
El gobierno del presidente Nayib Bukele, acusó a los alcaldes de los partidos de oposición de estropear su trabajo en el combate de la pandemia del COVID-19 y de pretender apropiarse de los recursos destinados a este rubro para usarlos a su propia conveniencia, informaron fuentes de casa presidencial en su sitio Web.
“Los mismos alcaldes de los partidos de oposición que se dedicaron a frenar las acciones sanitarias del Gobierno, como los cercos epidemiológicos, ahora están presionando para que se les permita utilizar para otros fines el financiamiento proveniente de dos préstamos destinado al combate de la pandemia”, señala el Órgano Ejecutivo.
Agregan que la Asamblea aprobó el pasado 24 de diciembre el decreto legislativo 807, para que los alcaldes puedan utilizar el 50 % de un préstamo de $389 millones proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El referido préstamo tiene como fin, enfrentar la emergencia nacional por la pandemia en cada municipio, dicen.
Según el gobierno del presidente Bukele, con la aprobación del Decreto 807, los alcaldes y los diputados, demuestran que no están interesados en la salud de la población, sino que buscan apresuradamente utilizar ese dinero con otros fines, entre ellos, realizar obras para quedar bien con sus votantes, mientras en muchos de los municipios persisten problemas como la recolección de basura, servicio por el cual los ciudadanos pagan tasas mes a mes.
La Asamblea decidió superar el veto que el Presidente Nayib Bukele dio a ese decreto por considerar que tiene vicios de forma y es contrario a la Carta Magna, al no haber sido consultado con el Ministerio de Hacienda.
Ahora, el tema se somete al proceso de controversia por parte de la Sala de lo Constitucional.
Señalan que esto, es uno de varios intentos por parte de los diputados opositores por llevar dinero a sus alcaldes, a pocos días de las elecciones municipales y legislativas. Así lo hicieron con la reforma al decreto legislativo 728, que modifica un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $197.4 millones de los cuales destinaron $75 millones para que las alcaldías los utilicen con criterio Fodes, dinero que estaba también previsto para la lucha contra el COVID-19.