Purga judicial promovida desde Asamblea L., y Casa Presidencial afirma FESPAD
Diez organizaciones sociales, entre ellas, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, por medio de un comunicado de prensa, mostró su preocupación por la aprobación del Decreto Legislativo Nº 144 por parte de la Asamblea Legislativa con mayoría de diputados del partido Nuevas Ideas.
Para FESPAD, la aprobación del Decreto Legislativo por la Asamblea legislativa y la posterior sanción por el presidente de la República, Nayib Bukele, es parte del proceso de la purga judicial.
Aseguran que la corte plena, ya se encuentra bajo control del ejecutivo, y busca la “toma por asalto del poder judicial”.
El Decreto motivo de preocupación para los dirigentes de FESPAD, contiene reformas a la Ley de la Carrera Judicial, entre las se encuentra el inciso primero del artículo 20 que dispone el cese de la carrera judicial servidores judiciales que hayan cumplido treinta años de trabajo o que hayan alcanzado sesenta años de edad.
Esta semana, el decreto 144 fue publicado en Diario Oficial del pasado 14 de septiembre con lo cual se concreta que por lo menos, una tercera parte de jueces quedarían cesados a partir del próximo 25 de septiembre, manifiestan.
La sanción del presidente de la República al DL Nº 144 se dio pese a las distintas expresiones en contra, por parte de organizaciones de los jueces, de la sociedad civil y otros sectores que marcharon el pasado 15 de septiembre.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, basándose el artículo 133 ordinal 3° de la Constitución de la República, enfatiza, que las reformas son inconstitucionales por vicios de forma.
Su posición se bases en que, las iniciativas de ley en materia del Órgano Judicial corresponden a la Corte Suprema de Justicia, y también, dicen, tiene vicios de fondo que contraviene lo dispuesto en el artículo 186 Inciso 4° de la Constitución, que garantiza la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados.
Aseguran, que la violación a la Constitución se ha dado con la connivencia del Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, quien, citó a uno de los jueces que presentaron públicamente su oposición a las reformas, como una forma de intimidación.
Señalan, que el presidente del Órgano Judicial, Óscar López Jerez, está promoviendo iniciativas administrativas alineadas a los otros dos órganos de Estado para facilitar la purga judicial es decir, a la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial.
El pasado viernes, nueve de los 15 magistrados de corte plena aprobaron el otorgamiento de 24 salarios para jueces o magistrados de segunda instancia que renuncien antes de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, informaron.
“Las organizaciones firmantes de este comunicado consideramos que esta acción no es más que un chantaje para los funcionarios judiciales, y es atentatorio a la independencia judicial. Saludamos el voto en contra de cuatro magistrados/as y les exhortamos a que no sigan siendo cómplices de más violaciones a la Constitución”, dice el comunicado.
Sostienen, que como organizaciones sociales y de derechos humanos, desde hace muchos años han exigido un proceso de selección y depuración judicial, pero lo que está promoviendo el Órgano Ejecutivo, es una purga judicial selectiva, que otorga más poder a la corte plena para coaccionar a jueces que a su criterio deban ser trasladados con la atenuante, que también abre la conveniencia de que un juez, juzgue o no un caso.
“Sin duda esta reforma dejará afuera de la judicatura a funcionarios experimentados, probos, independientes e íntegros, que están llevando procesos importantes como es el caso del juez Jorge Guzmán, que bajo su jurisdicción está el caso de El Mozote y lugares aledaños, , un juez valiente que como otros por su trabajo han sido enfrentados por autoridades del Estado”, explica el documento.
Finalmente, aseguran que las acciones constituyen un atentado a los principios de independencia e integridad judicial que son condiciones indispensables para la seguridad jurídica, requisito para el fortalecimiento del proceso democrático del país.
El desmontaje de la institucionalidad judicial independiente, rompe con el principio de separación de poderes, activa la desprotección judicial y el acceso a la justicia a la población.