20 de mayo de 2024
Nacionales

Tutela Legal advierte migración masiva hacia EEUU post pandemia COVID19.

La falta de implementación de políticas de atención integrales, la politización de la crisis sanitaria  y económica  provocada por el COVID-19; el encierro de la población por casi seis meses, podría aumentar la migración de miles de salvadoreños, según las consideraciones de los representantes de Tutela Legal, María Julia Hernández.

De acuerdo con las informaciones, diversos centros de investigación y de organismos de derechos humanos, temen, que con la apertura de las fronteras, inicien los intentos masivos de migrar hacia Estados Unidos, debido a la pérdida de sus trabajos, pérdida del jefe de hogar sostenedores de grupos familiares y cierre de empresas.

Aunque los voceros de Tutela Legal, no dan a conocer los nombres de los organismos de investigación y de derechos humanos, afirman que, algunos expertos en la materia, el aumento migratorio podría incrementarse  debido por la crisis económica que enfrentan los países centroamericanos,  Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con las informaciones, en los tres países, se registran miles de personas que han caído están en la pobreza extrema, debido a la crisis generada por el COVID19.

Afirman que, según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Sistema de Administración de Pensiones (SAP), más de 80 mil empleos se perdieron en el primer semestre de 2020.

Señalan además que,  las ayudas  anunciadas el gobierno del presidente Nayib Bukele, dirigidas a la micro, pequeña, y mediana empresa, aún no se han concretado.

Dicen que la apertura económica ha vislumbrado la realidad del impacto económico por falta de políticas públicas y estrategias de apoyo a trabajadores, empresarios y una población de casi el 70% que trabaja informalmente.

De igual forma, dicen, el regreso paulatino a las actividades económicas, ha vuelto a poner en evidencia el dominio de los grupos criminales y pandillas que han aumentado el reclamo de la extorsión a los pocos negocios que subsistieron a la cuarentena, además obligan a grupos familiares a abandonar sus viviendas.

Señalan, que que durante la pandemia las deportaciones masivas desde Estados Unidos no se detuvieron.

“El Centro de Atención a Retornados Salvadoreños (CARES retornados) en uno de sus informes señala que el estigma hacia personas deportadas se empieza a reflejar hasta en las esferas financieras; En el estudio sobre inclusión financiera de la Población deportada en El Salvador, se preguntó a los retornados ¿Qué les ha impedido tener una relación bancaria? El 32% respondió que se les niega acceso a créditos por el sólo hecho de ser deportados. Esta misma población durante la pandemia, según el Doctor Jizi Moza de la Clínica Deportados CLIAR, incrementó patologías como la diabetes, hipertensión, los trastornos depresivos, la colitis, obesidad, trastornos cervicales y ortopédicos”, dice el comunicado.

El 14 de septiembre de 2020 la Dirección General de Migración dio por finalizado el supuesto “Plan de Repatriación de salvadoreños” en el exterior, los llamados “Varados” en distintos países a causa de la emergencia y cierre de fronteras por la epidemia del COVID-19.

Según el portal gubernamental se atendió un total de 66 vuelos humanitarios y se realizó el control migratorio a casi 7 mil 200 salvadoreños que regresaron, procedentes de 48 países.

Los representantes de Tulela Legal, señalan que aunque la Dirección de Migración y la Cancillería, presentaron como logros propios los vuelos de retorno, a través de redes sociales y medios de comunicación de los salvadoreños que se había quedado varados, se conocieron diferentes denuncias contra el gobierno.

También mostraron su preocupación, que el gobierno salvadoreño, tenga como única respuesta al problema migratorio, las deportaciones y el desplazamiento forzado, plegarse a las políticas anti inmigratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

Incluso, dicen, el gobierno está apoyando las deportaciones masivas de migrantes en condición irregular y no se pronuncia ante las violaciones de derechos humanos en los centros de detención de migrantes.