Vicepresidente Félix Ulloa: El Salvador no extraditará en caso de pena de muerte
El Equipo Ad Hoc recibió, el pasado sábado, las propuestas de reformas a la Constitución de la República, sobre temas de derechos humanos, soberanía, extradición y voto en el exterior por parte de una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El conversatorio conversatorio se llevó a cabo con una delegación técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de escuchar propuesta de estudio y la identificación de áreas o puntos de interés relativos a una mejora a la Constitución, según se informó.
Agregan, que ntre las propuestas se destacan tres, como son, la participación política activa y pasiva de los salvadoreños residentes en el exterior, la gestión sobre tratados internacionales y, los aspectos concernientes a la soberanía del Estado.
Dijeron que en la gestión de tratados internacionales, se hizo énfasis en la regulación de la extradición como consecuencia de los tratados a los que El Salvador ha ratificado, así como a los convenios regionales e internacionales sobre derechos humanos.
“Sólo hay dos artículos en la Constitución que lo regulan y se está viendo cada vez más complejo, por la forma en la que se están planteando varios casos. Vamos hacer valer nuestros principios Constitucionales, por ejemplo, en El Salvador no se reconoce la pena de muerte, entonces sí un salvadoreño va ser extraditado a un país donde le pueden aplicar la pena de muerte, pues está (extradición) no procede”, afirmó el vicepresidente Félix Ulloa, ante la pregunta de uno de los técnicos de Cancillería.
En los casos relativos a garantizar el derecho al sufragio de los salvadoreños en el exterior, el Equipo Ad Hoc ha recibido propuestas de reforma de los artículos relacionados con la creación de una circunscripción.
“Actualmente no se puede por el Art. 79 vigente que dice que “las circunscripciones electorales estarán en el territorio nacional, así que vamos a reformar ese artículo para crear una circunscripción fuera del territorio nacional”, anunció el Vicepresidente Ulloa.
En el tema de la ratificación de tratados sobre derechos fundamentales, se sugirió la incorporación en el artículo 3 de la Constitución, de un catálogo ampliado de causales identificadas de discriminación, conforme a la redacción de dichos tratados, con el objetivo de proteger a los grupos vulnerables que históricamente han sido objeto de marginación.
De igual forma, se hizo ver la necesidad de una profundización y desarrollo al artículo 89 de la Constitución, correspondiente con la integración Centroamericana, “vamos a trabajar para que se pueda garantizar en la Constitución, el derecho de facilitar los procesos para la construcción de la República de Centroamérica”, afirmó el vicepresidente de la república, Dr. Félix Ulloa.
Finalmente, se acordó que a la brevedad posible se entregará la propuesta de reformas por escrito al Equipo Ad Hoc por parte de los delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual será debidamente estudiada previo arribar a alguna conclusión.
Asimismo, el Equipo Ad Hoc informó que al inició de la sesión, la licenciada Jazmín Velasco en representación del Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, entregó la IV carta pastoral sobre la praxis política “Escúchenlo”, la cual contiene 24 propuestas de reforma a la Constitución de la República, entre las que sobresalen: el derecho humano al agua, derecho humano a una alimentación para todos, personería jurídica de las iglesias y expresiones de fe, entre otros.
El Equipo Ad Hoc, es coordinado por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, Fabio Castillo, Karla Contreras, Giovanni Rosales y Adolfo Muñoz; quienes tienen a su cargo cuatro mesas de trabajo en las cuales estudian y sistematizan las propuestas enviadas.
El 24 de agosto de 2020 el Presidente de la República, Nayib Bukele, publicó el Acuerdo Ejecutivo No, 295 en el cual delegó al Vicepresidente, Félix Ulloa, llevar a cabo un proceso de estudio, análisis, discusión y propuestas para la reforma constitucional; con la finalidad de obtener una normativa moderna y eficiente, que esté acorde a las necesidades actuales de la sociedad, el cual entregarán en septiembre de 2021.