AGEPYM y CNTS contra reformas constitucionales y Bitcoin
Representantes de los sindicatos y federaciones que integran la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), y de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador, AGEPYM, se concentraron este martes frente a la entrada principal de la Asamblea Legislativa para hacer públicos su descontento por varios temas, que según ellos afecta a la clase trabajadora y a la población en general.
Entre los temas por lo que se manifestaron fueron, la puesta en marcha del Bitcoin como moneda de curso lega, las reformas a la Constitución de la República, los centenares de despido en las diferentes institucionales del Estado y Municipales y el tema de pensiones.
Literalmente, expresan su preocupación y manifestaron un total rechazo a las propuestas de reformas constitucionales, debido a viola los derechos labores de la clase trabajadora.
Enfatizan, que con la modificación del artículo 38, ordinal 6º, inciso tercero de la Constitución de la República, facilitan a las patronales públicas y privadas para extender la jornada laboral de 8 a 10 horas diarias.
Agregan, que con las reformas constitucionales, en la práctica y en el diario vivir, las patronales terminarán imponiendo las 10 horas diarias, sin pedir consentimiento al personal y sin pagar como horas extraordinarias las que excedan a la actual jornada de 8 horas.
Otro tema que pone inquietos a los dirigentes laborales, es la propuesta de reforma del Artículo 45 constitucional, porque desprotege los derechos y la dignidad de los sectores laborales más vulnerables como sectores, como son el agrícola y servicio doméstico.
Señalan, que es un grave atentado pretender que la extensión y naturaleza de los derechos de estos sectores sean determinados en la ley secundaria en atención a “las condiciones y peculiaridades de trabajo”, porque se pone en riesgo la garantía de igualdad ante la ley y el principio universal de igual salario por igual trabajo.
También ponen énfasis, en el intento de promover el cambio de denominación del Capítulo I del Título VII Constitucional, de Servicio Civil a Función Pública, pues con ello queda evidenciado que la pretensión real es aprobar el Proyecto de Ley de la Función Pública o de Servicio Público.
En caso de aprobarse como está redactado, dicen, sería una decisión que derogará la Ley de Servicio Civil, los contratos colectivos de trabajo actualmente vigentes en la gran mayoría de órganos estatales y dependencias públicas.
En relación al derecho a cuidado de la niñez descendiente de la clase trabajadora contemplado en el artículo 42, inciso primero, parte final, pretenden eliminar la responsabilidad de todas las patronales de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores.
Afirman que es una coartada repudiable y retroceso, debido a que es un derecho que por casi cuatro décadas de vigencia en la actual Constitución ha sido pisoteado.
En materia de contratación colectiva en la propuesta de reforma del Art. 39, inciso segundo, estarían dejando al arbitrio de cualquier legislatura, modificar los mecanismos y etapas de negociación colectiva, al disponer que tendrán fuerza legal, los contratos colectivos de trabajo que se hayan concertado con arreglo a la ley secundaria.
Para los sindicalistas, se trata de una decisión con retrocesos que propiciaría la involución y no el progreso de lo establecido hasta en el derecho colectivo del trabajo hasta ahora vigente.