Segúnn la auditoría financiera realizada por la Corte de Cuentas de la República a la alcaldía municipal de El Refugio, departamento de Ahuachapán, la comuna debe a las Administradoras de Fondos de pensiones, AFP, más de 21, 200.00 dólares en concepto de cuotas descontadas al personal que labora en la comuna.
La Apropiación o Retención de Cuotas Laborales por parte de los patronos está está tipificado como delito y sanciona a quien cometa este tipo de delitos de 4 a 8 años de prisión.
«Art. 245 Pn., regula el delito de Apropiación o Retención de Cuotas Laborales y en lo pertinente, dice: “El patrono, empleador, pagador institucional o cualquier otra persona responsable de la retención, que se apropiare o que retuviere ilegalmente fondos, contribuciones, cotizaciones, cuotas de amortización de préstamos de los trabajadores o cuentas destinadas legalmente al Estado, instituciones de crédito o bancarias, intermediarios financieros bancarios o no bancarios, o instituciones de asistencia social, seguridad social o sindical, o no los ingrese en tales instituciones en el plazo y monto determinado en la ley … será sancionado con prisión de cuatro a ocho años», dice el mencionado artículo.
Según el reporte oficial de la Corte de Cuentas, el alcalde Darwin Regalado, electo bajo la bandera del partido Nuevas Ideas, pese a haber aplicado los descuentos respectivos, tiene una deuda con una de las AFP, la cantidad de $6,866.07 desde el mes de septiembre a diciembre de 2022, y a la segunda AFP que funciona en el país, le adeuda desde mayo a diciembre del mismo año, la cantidad de $14,340.70.
Los afectados, que son los empleados mismos, la comuna les aplica mensualmente los descuento de ley, por lo que resienten de futuros problemas al momento de realizar diferentes transaciones, incluyendo su respéctivo retiro.
De acuerdo a las informaciones, exempleados administrativos y del área de Desechos Sólidos denunciaron el impago salarial de entre uno y tres meses de trabajo.
Finalmente, la Corte de Cuentas de la República, informó que para el caso las AFP que se han visto agraviadas por el no pago por parte de la alcaldía de El Refugio, deberán de proceder según las leyes e informar a la Superintendencia de Pensiones sobre el incumplimiento, para que proceda a imponer las sanciones respectivas a la municipalidad. Indicaron que en la auditoría también se identificaron deficiencias en control interno y otras faltas.
