Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, desconfía Comisión Ad Hoc

Dirigentes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, dijeron que luego de 22 días de la última sesión de trabajo de la comisión Ad-Hoc que estudia la propuesta de la iniciativa del presidente Nayib Bukele, sobre Ley General de Recursos Hídricos, y de las promesas por parte del Ejecutivo, aún no han logrado aprobarla, pese a tener mayoría en la Asamblea Legislativa.

Agregan que la no aprobación de la Ley, les genera sospechas del silencio que han mantenido en los últimos días, contrario discurso gubernamental que la aprobación de la ley de agua sería un hecho sin precedentes.

“Será que al menos ya se dieron cuenta que ese proyecto de ley además de no beneficiar a la población tampoco cumple con los estándares internacionales relacionados al derecho humano al agua y al saneamiento”, dice el comunicado de prensa.

Manifiestan que, el  pasado 1 de noviembre el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento y el Relator Especial sobre las cuestiones de las obligaciones de derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible enviaron misiva al presidente de la República en su calidad de representante del Estado salvadoreño, en la que en el  proyecto de Ley General de Recursos Hídricos hay una falta de referencia a los derechos humanos al agua y al saneamiento.

Lo manifestado por el relator, agregan, fue señalado por los miembros de la alanza en el seno de la comisión Ad-Hoc designada por la Asamblea Legislativa para el estudio del proyecto de ley enviado por el presidente Bukele.

“En la misma carta expresan los relatores que, aunque les complace que se retome en el art. 1, del proyecto de ley secundaria, los derechos humanos al agua y al saneamiento, estos deben entenderse como dos derechos y no como uno solo, son ambos componentes del derecho a un nivel de vida adecuado y son esenciales para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos humanos (Art. 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ratificado por El Salvador en 1979), lo que también ya había sido dicho por esta Alianza a la Comisión Ad-Hoc durante la participación en donde expusimos las razones por las que el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos carece de enfoque de Derechos Humanos y que ese proyecto de ley ha sido diseñado con una visión mercantilista de los Bienes Hídricos” detallan.

Según el informe de los representantes de las Naciones Unidas, La ausencia del derecho humano al saneamiento debe subsanarse con una sección específica para el tratamiento de ese derecho humano que incluya el tratamiento y gestión de las aguas residuales y lodos fecales que pueden afectar negativamente el suministro de agua y el acceso sostenible al agua potable, más allá del establecimiento de cánones y permisos por vertidos, enmarcados en la lógica del que contamina paga.

Destacaron,  que la gestión del agua está ligada al disfrute de un medio ambiente sano, limpio y sostenible para el desarrollo de la vida digna de la persona humana y que para respetar, proteger y hacer efectivo este derecho, en materia agua, los Estados deben promover una gobernanza del agua basada en los derechos humanos, que desarrolle la participación pública, (participación ciudadana) promueva adecuados planes y disposiciones legales basados en derechos humanos y asegure la correspondiente evaluación de su desarrollo práctico.

“Esto último refiere a la participación ciudadana que hemos venido demandando desde hace 15 años en las diversas propuestas de ley y que volvimos a poner en la mesa de discusión en los aportes presentados a la comisión Ad-Hoc el pasado mes de agosto”, enfatizan.

Para la Relatoría Especial de los derechos humanos, al agua y al saneamiento no es nuevo el mecanismo que se intenta implementar en El Salvador para poner en manos de privados la tenencia del derecho de explotación del agua a través de autorizaciones de largo plazo y que se quiera dar privilegio a los que pueden pagar por el agua en detrimento del derecho de las poblaciones más desposeídas.

Advierten, que el proyecto de ley presentado por el ejecutivo, discutido y aprobado por la comisión Ad-Hoc carece de enfoque de derechos humanos, no desarrolla el derecho al saneamiento, no lo menciona, y no garantiza la normativa mínima que siente en la práctica diaria, políticas para el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento a la población.

Demandan, a la comisión Ad-Hoc regrese el estudio de aquellos aspectos que ellos como Alianza han ya hemos señalado en la propuesta presentada como organizaciones de sociedad civil, academia e iglesias en aquella encontrarán contenidos que desarrollan aspectos señalados por las relatorías del derecho humano al agua y saneamiento y de los aspectos relacionados al goce de un medio ambiente sano.

Finalmente, piden la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación a la brevedad posible porque ella no depende de la ley secundaria, pero si es fundamental para que esa ley secundaria se apegue al enfoque de derechos humanos que los relatores de Naciones Unidas señalan.