Los representantes de la Mesa Frente a la Minería Metálica, sostienen que el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2023, no contempla el cierre de minas, la mediación ambiental y la reconversión económica.
Representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, dijeron que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2023, no responde a las necesidades y a la complejidad que representan para el agua los cierres técnicos y los procesos de remediación contemplados en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en el mes de marzo del 2017.
Agregan, que, en el caso de Economía, no se incluyen acciones o rubros presupuestarios para el cierre técnico de minas y la reconversión de la minería artesanal pendientes desde hace más de 5 años.
En el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa, se mantiene en las proyecciones de este ministerio, la actualización de la Ley de Minería y su Reglamento, sin que esas reformas se hayan discutido públicamente, ni la intención detrás de las mismas.
Recordaron, que, en el año 2021, el Estado de El Salvador se integró al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible a quien encomendó un diagnóstico sobre los potenciales que posee la minería no metálica, y además creo la nueva Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que, dicho sea de paso, tiene una importante asignación presupuestaria para el 2023 en más de 4 millones 500 mil dólares.
Para 2021, el presupuesto aprobado para el proyecto fue de $44,200 dólares, de los que solamente se ejecutaron $13,000 dólares.
En 2022 se aprobaron en el Presupuesto General del Estado $38,983.22 para este propósito y, hasta agosto 2022, se habían ejecutado $30,333.22, según la base de datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Y según el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2023, se le asignaría un monto de $100,000. Todas estas asignaciones presupuestarias e inversiones realizadas sin un plan de inversión y restauración disponible al público.
“Si bien, este pasivo minero ambiental representa un estado es una amenaza grave de contaminación para el agua, no es el único, existen otras minas en abandono que también impactarán negativamente en importantes cuencas hidrográficas del país y, por ende, poner en riesgo el derecho humano al agua de las familias salvadoreñas; por lo que es urgente que el Estado avance en el cierre técnico de minas de manera adecuada y en los procesos de remediación ambiental en las comunidades donde se explotó oro y plata”, dice el comunicado dado a conocer a los medios de comunicación.
Sostienen que las investigaciones realizadas por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, se determinó que existe alta probabilidad de que 6 pasivos mineros ambientales más, puedan generar drenaje ácido y contaminar la cuenca del Río Grande de San Miguel y la cuenca del Río Goascorán.
Piden que a través del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, se haga una evaluación de las implicaciones que tiene para el recurso hídrico, los pasivos mineros ambientales, que permita definir acciones para el cierre técnico de cada uno de los 15 casos, con el propósito de frenar que el drenaje ácido en la ex mina San Sebastián avance hacia otros ríos.
También que, el Ministerio de Economía resuelva la situación de la minería artesanal, específicamente cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, y para ello, es necesario contar con un Plan de Reconversión Económica, el cual debe incluirse en el Presupuesto General de la Nación para el 2023.
Además, que, la Asamblea Legislativa vote por un presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023 del Ministerio de Economía y del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que responda a la complejidad que representan las 15 minas en abandono para las comunidades que todavía hoy en día, se enfrentan a las consecuencias de la contaminación del agua por metales pesados y químicos altamente tóxicos.
Piden también se garantice un seguimiento transparente al presupuesto asignado para el MARN, en cuanto a la construcción de obras de tratamiento para el drenaje ácido de minas en la ex mina San Sebastián, y que los estos fondos asignados que apruebe la Asamblea Legislativa se ejecuten según lo proyectado y no sean reasignados a otros rubros.
Que, en el presupuesto aprobado para el MARN, se incrementen los fondos para desarrollar acciones de remediación ambiental en las comunidades, donde se localizan las 15 minas en abandono o pasivos mineros ambientales, además de las que se proyectan para el río San Sebastián.
Finalmente, que el órgano Ejecutivo considere como punto urgente, en la agenda de nación, las propuestas del movimiento social ambiental anti-minero, para contribuir con alternativas para resolver la problemática en las comunidades que todavía se enfrentan a los efectos de la contaminación heredada por las empresas mineras
