La plenaria de la Asamblea Legislativa, estudia reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado con el objetivo de fortalecer el combate a estructuras criminales, particularmente en el contexto del régimen de excepción, a petición del gobierno del presidente Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Luego de las diferentes intervenciones por parte de los diputados, la iniciativa fue aprobada por 57 votos a favor y 3 en contra.
Según las informaciones, en las reformas se propone extender hasta dos años adicionales, el período para que la Fiscalía General de la República (FGR), presente acusaciones contra personas detenidas bajo el régimen de excepción.
Esto, debido a que el decreto 803, que regula estos plazos, vence el 25 de agosto de 2025. Esto busca procesar de manera más eficiente a las 88,750 personas capturadas, agrupándolas por organización criminal con un registro judicial único, en lugar de casos individuales.
Las reformas asignan a los Tribunales y Cámaras Contra el Crimen Organizado, la responsabilidad de vigilar y garantizar el cumplimiento de las penas impuestas por delitos de crimen organizado, asumiendo funciones que antes correspondían a los jueces de vigilancia penitenciaria.
Esto incluye un artículo transitorio para que los jueces actuales continúen supervisando las penas en curso hasta su cumplimiento total, evitando interrupciones.
Se establece que no se aplicarán la libertad condicional ni la libertad condicional anticipada a personas condenadas por delitos de crimen organizado, con el fin de endurecer las sanciones.
En relación al tratamiento de los menores de edad, las reformas modifican el artículo 3 para que los jueces de menores actúen únicamente como garantes de derechos procesales, mientras que, los tribunales especializados conducen los juicios de menores vinculados a pandillas.
Se propone implementar una audiencia única para procesar a miembros de estructuras criminales, con un plazo de 60 días tras la acusación fiscal. Si no hay nuevos imputados o pruebas en dos años, el juez puede cerrar la audiencia, con posibilidad de reabrirla si surgen nuevos elementos.
