Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de un casco adecuado puede reducir hasta en un 40 % el riesgo de muerte y hasta en un 70 % las lesiones graves.
Desde este 29 de diciembre de 2025 comienza la aplicación plena de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobadas en 2024, las cuales establecen requisitos obligatorios para motociclistas y para conductores que viajen con niños pequeños. La medida incorpora verificaciones más estrictas sobre el uso de cascos certificados y la instalación de sillas de retención infantil para menores de cinco años.
En el caso de los cascos, la normativa reconoce certificaciones como DOT, ECE, Snell y la norma NTC 4533, utilizadas internacionalmente para verificar niveles de protección estructural y absorción de impacto. Estos estándares buscan asegurar que el casco mantenga su integridad en caso de choque o caída.
En comercios salvadoreños es común encontrar cascos DOT como primera referencia de compra. Los precios de modelos sin certificación pueden rondar los $15, mientras que los certificados suelen ubicarse entre $60 y $80; algunos modelos de gama más alta pueden sobrepasar los $200, dependiendo de materiales y nivel técnico.
Las infracciones por utilizar un casco sin certificación o sin sus componentes obligatorios —protector cortaviento y visera certificada— pueden alcanzar sanciones de $150, catalogadas como falta muy grave.
Sillas de retención infantil
Las disposiciones también alcanzan a quienes viajen con menores de cinco años. Será indispensable que el niño vaya asegurado en una silla de retención infantil, correctamente ajustada. No se exige una marca o certificación específica, pero el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, remarcó que la responsabilidad directa recae sobre los padres o responsables del menor.
La elección de la silla debe corresponder con el peso, estatura y edad del niño. En caso de transportar a un menor sin este dispositivo o con una instalación deficiente, la multa también asciende a $150 para el conductor del vehículo.
Plazo de un año para aplicación
Aunque las reformas fueron aprobadas en diciembre de 2024, el Gobierno estableció un periodo de adecuación de un año para que la población pudiera adquirir el equipo sin enfrentar incrementos de precio derivados de la demanda.
“Se tomó la decisión de dar ese margen para que no hubiera especulación ni aumentos injustificados en el mercado”, explicó el viceministro Reyes.
Con el cierre del periodo de adaptación, las autoridades darán inicio a inspecciones en carretera para confirmar el uso de cascos certificados y la presencia de sillas infantiles cuando viajen menores. La medida busca mejorar las condiciones de seguridad y reducir la gravedad de incidentes viales.
