El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó este sábado al exalcalde (2012-2015) de El Congo por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Edwin Enrique Parada Quezada, y a tres exfuncionarios municipales por delitos relacionados con corrupción en proyectos ejecutados con fondos públicos. El proceso judicial determinó irregularidades en contratos municipales y perjuicios económicos contra el Estado.
La investigación inició en 2013 tras un informe de la Corte de Cuentas que detectó irregularidades en 12 proyectos desarrollados por la alcaldía de El Congo. Según Centros Judiciales, el perjuicio económico ocasionado al Estado ascendió a $376,903.90.
Las investigaciones establecieron que Parada Quezada utilizó prestanombres para apropiarse de contratos municipales con apoyo de los demás imputados. De acuerdo con el proceso judicial, omitieron procedimientos legales de adjudicación y obtuvieron beneficios económicos mediante fondos públicos.
Durante la vista pública también se conoció que la orden de captura contra el exalcalde continúa vigente. Además, la jueza ordenó remitir el caso de los bienes incautados al Juzgado de Extinción de Dominio para definir el destino final de los inmuebles.
La condena contra exalcalde incluye una pena de 20 años de prisión por negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad documental agravada. Además, deberá pagar $293,816.45 en concepto de responsabilidad civil a favor del Estado.
Amílcar Eduardo Jaco Estrada, «persona de confianza» de Parada Quezada, fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por negociaciones ilícitas y cohecho impropio. También deberá cancelar $21,388.12 en concepto de responsabilidad civil.
Efraín Alcides Castro Sánchez, quien fungía como octavo regidor municipal durante esa administración, recibió una condena de cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes. Mientras tanto, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera, exsíndico municipal, fue condenada a tres años de cárcel tras admitir los hechos mediante un procedimiento abreviado.
Como parte de las condiciones judiciales, Cabrera de Rivera deberá mantener residencia fija y presentarse ante las autoridades cuando sea requerida. Además, ya canceló $21,388.12 al Fondo General de la Nación en concepto de responsabilidad civil.
