Según las informaciones, las autoridades de universidad, que sirvió de refugio para los heridos en las protestas antigubernamentales de 2018, confirmaron que fueron notificada de una investigación en su contra por “terrorismo” y anunció la suspensión de todas las actividades.
Los últimos acontecimientos ocurrieron el pasado 16 de agosto, cuando el Gobierno de Daniel Ortega agregó un nuevo capítulo de su enfrentamiento con la Iglesia católica al confiscar la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) tras acusarla de «terrorismo», según reportó el periódico France 24.
La UCA, fundada en 1960, es uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua y ahora está obligada a traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias al Estado por orden de la jueza Gloria María Saavedra, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua.
Por medio de un correo a su comunidad, la UCA informó que el martes 15 de agosto fueron formalmente notificados de “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA», porque están bajo una investigación por un caso de “terrorismo”, un delito por el que han juzgado a decenas de opositores en el país.
«Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales», explicó la universidad.
La justicia nicaragüense argumentó que la UCA «funcionó como centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas».
En 2018, durante las protestas antigubernamentales derivadas de una controversial reforma a la seguridad social impulsada por Ortega, la UCA, al igual que varias iglesias católicas de país, sirvió de refugio para los manifestantes heridos y otros que escapaban de la represión policial y de grupos paramilitares afines al Gobierno.
