WASHINGTON (CNH Noticias).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este sábado la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba al cumplirse cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021, 11J, consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en la isla en décadas.
En un comunicado, Rubio afirmó que el régimen cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, reprimió las movilizaciones pacíficas que reclamaban libertades fundamentales, mejores condiciones de vida y mayores oportunidades económicas.
“El régimen comunista cubano sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones del 11 de julio de 2021 y silenció una vez más los gritos de los cubanos por sus derechos básicos, dignidad y oportunidades”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.
Según Rubio, las autoridades desplegaron fuerzas de seguridad y grupos paramilitares para dispersar las protestas, que se extendieron por varias ciudades y reunieron a miles de personas.
Asimismo, sostuvo que cientos de cubanos siguen encarcelados por participar en las manifestaciones o por expresar críticas al Gobierno.
“Hasta el día de hoy, cientos de cubanos permanecen injustamente detenidos y sufren condiciones brutales por cuestionar las restricciones económicas y políticas que enfrenta la población”, afirmó.
En ese contexto, reiteró que la administración del presidente Donald Trump mantiene su exigencia de liberar a todos los presos políticos en la isla.
Además, aseguró que Washington continuará utilizando herramientas diplomáticas, económicas y políticas para impulsar cambios en Cuba.
“El presidente Trump y yo queremos un futuro mejor para Cuba, en el que los cubanos tengan mayores oportunidades, libertad y dignidad”, indicó Rubio.
Persisten las denuncias de represión
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que la respuesta gubernamental a las protestas de julio de 2021 marcó el inicio de una política de represión sostenida contra activistas, opositores y manifestantes.
De acuerdo con diversos informes, las autoridades detuvieron entre 5,000 y 8,000 personas durante y después de las protestas. Posteriormente, numerosos manifestantes enfrentaron procesos judiciales cuestionados por presuntas irregularidades y falta de garantías.
Además, varios participantes recibieron condenas de hasta 30 años de prisión, según organizaciones que monitorean la situación de los derechos humanos en la isla.
Por otra parte, la organización Prisoners Defenders reporta que más de 1,300 personas permanecen catalogadas como presos políticos en Cuba, incluidos participantes de las manifestaciones del 11J.
Mientras tanto, entidades internacionales de derechos humanos denuncian que las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre opositores y familiares de detenidos. Según estos organismos, las restricciones y actos de intimidación suelen intensificarse durante los aniversarios de las protestas.
