Con 67 votos, la Asamblea Legislativa, aprobó el Régimen de Excepción, por treinta días a partir de este domingo, debido a la ola de asesinatos registrados en todo el territoririo nacvional, que el sábado alcanzó la cifra de 62 personas asesinadas, según los informes dados a conocer por parte de la Policía Nacional Civil.
El presidente Nayib Bukele, quien sancionó inmediatamente el Decreto Legislativo, pidió a la Asamblea Legislativa, llevar a cabo una sesión plenaria extraordinaria para aprobar la medida extrema en El Salvador, establecida en el Artículo 29 de la Constitución de la República, debido al desborde de asesinatos en el terrorioel nacional.
La Constitución, autoriza al Órgano Ejecutivo, hacer uso del referido artículo, cuando el país se encuentre en condiciones anormales que atentan contra la vida y la seguridad de los salvadoreños.
«Art. 29.- En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, y se hará por medio de decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los Arts. 12 inciso segundo y 13 inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el Órgano Legislativo, con el voto favorable de las tres cuartas partes de los Diputados electos; no excediendo la detención administrativa de quince días», reza el artículo 29 de la Constitución.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que la situación que vive El Salvador, en relación a la ola de asesinatos, no debería ser visto desde la óptica ideológica, ni político, sino que se trfata un tema estructural, que debe ser cortado de raíz.
Agregó, que la violencia, no es un tema que inició el fin de semana, si no que, es producto de muchos años, durante los cuales no se habría trabajado lo suficiente para su neutralización, lejos de eso, los que adminsitraron al país anteriormente, lograron que estos grupos se establecieran, se organizaran, se tomaran el territorio, tomaran poder, se financiaran, y agarraran todo el musculo negativo que para arremter contra la población.
“El régimen es un mecanismo establecido en la Constitución de la República que permite luchar contra situaciones extremas o graves, esto nace con la obligación que tiene el Estado, cuando se establece a la persona humana como origen y fin de la actividad estatal”, explicó el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro.
El parlamentario criticó que, ante la obligación de todos los diputados de garantizar el bienestar de las personas, la mayoría de diputados del partido ARENA no atendió el llamado a reunirse para abordar la solicitud del Ejecutivo.
El artículo 29 de la Constitución de la República faculta al Gobierno salvadoreño a establecer régimen de excepción en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones al orden público.
He sancionado y publicado en el Diario Oficial, el decreto de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, el cual entra en vigencia este mismo día y tendrá una validez de 30 días. https://t.co/RExyJZHc6n
Las garantías constitucionales que quedan temporalmente suspendidas son la libertad de entrar y salir del país, libertad de expresión, libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, con el fin de que las autoridades de seguridad, tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), tomen el control del territorio por la seguridad de los habitantes.
Además, también pueden suspenderse el derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos y las razones de su captura, y la detención administrativa (el periodo de la misma ya no será de tres días, sino que se podrá prolongar a 15). Lo anterior con el fin de poder procesar con efectividad a los miembros de estructuras terroristas que han causado luto a las familias salvadoreñas.
Las excepciones, según la ley, son las reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos.
El régimen de excepción tendrá una duración de 30 días, transcurrido ese tiempo podrá prolongarse la suspensión por igual tiempo y mediante nuevo decreto, de acuerdo con la Constitución y a la iniciativa aprobada en votación nominal y pública.
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) avala, en su capítulo IV, la suspensión de garantías.
De acuerdo con la convención, la aplicación de la medida queda aprobada en casos de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte de la OEA.
La aprobación del régimen de excepción constituye una importante herramienta que la Asamblea Legislativa otorga al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) para actuar sin obstáculos ante al alza de muertes violentas.
Esta medida permitirá a las instituciones que velan por la seguridad del territorio, proteger la vida, la integridad física y moral de los salvadoreños, y actuar de forma contundente en contra de los grupos al margen de la ley que han perturbado gravemente el orden público.
“En este Gobierno y en este Estado que sí funciona, esos grupos terroristas y criminales van a pagar las consecuencias porque estamos del lado de la población, estamos sesionando para proteger la vida e integridad de los salvadoreños”, manifestó la diputada de la bancada cyan, Alexia Rivas.
La legisladora recordó que durante los gobiernos de ARENA y el FMLN hubo pacto con pandillas, y las cifras de homicidios llegaron a 5,584 en 1998, con ARENA, y a 6,656 en 2015, con el FMLN,
Su compañero de bancada, Caleb Navarro, afirmó que los gobiernos pasados posicionaron al país como uno de los más violentos a escala mundial, mientras se ofrecían privilegios a los pandilleros en las cárceles. “Porno fiestas, comidas, televisores en celdas, celulares, desde la cárcel seguían delinquiendo, les dieron penales especiales, régimen de visitas íntimas”, dijo.
Además, señaló que se otorgaban polígonos de tiro a terroristas para que se adiestraran con armas de la FAES.
Con la llegada del Presidente Bukele al Ejecutivo, las cifras de homicidios bajaron a 2,397 en 2019; 1,341 en 2020 y 1,140 en 2021, debido al Plan Control Territorial.
Ante la emergencia suscitada, que ha alterado la tranquilidad que los salvadoreños han experimentado con la implementación de la estrategia de seguridad, los órganos Ejecutivo y Legislativo están trabajando de manera coordinada para combatir frontalmente la delincuencia y el crimen organizado.
62 homicidios registrados en las últimas horas
Según informes de la PNC, el día sábado 26 de marzo se cerró con una cifra de 62 homicidios, 12 en La Libertad, nueve en San Salvador, nueve en Ahuachapán, ocho en Sonsonate, cinco en Chalatenango, cinco en Santa Ana, cuatro en San Vicente, cuatro en San Miguel, uno en Usulután, uno en La Unión y uno en La Paz.
Asimismo, la noche del viernes se registraron 15 homicidios a escala nacional, ante lo cual las instituciones de seguridad se activaron en el marco del Plan Control Territorial., esta acción ha dejado como resultado decenas de capturas de pandilleros.
“Es momento de decir basta. El pueblo salvadoreño no nos eligió para andar con medias tintas, a problemas serios soluciones serias. Para tomar este tipo de decisiones se necesita de un liderazgo firme y decidido como lo es el del Presidente Nayib Bukele, que siempre ha defendido la vida de los salvadoreños”, mencionó el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro
Debido a esta interrupción de la tranquilidad de las familias salvadoreñas, el Presidente Bukele convocó a reunión urgente al Gabinete de Seguridad para definir las acciones a tomar para frenar la actividad delincuencial.
Posteriormente, el mandatario llamó a la Asamblea Legislativa a decretar régimen excepción, amparado en el artículo 29 de la Constitución de la República.
De acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, puede proponer a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías constitucionales, y el Primer Órgano del Estado puede aprobar el régimen de excepción.
