El gobierno de Daniel Ortega inició la juramentación de miles de civiles como parte de un nuevo cuerpo denominado la «Policía Voluntaria», creado a través de una controvertida reforma constitucional en ese país.
Si bien el cambio no entra en vigor oficialmente, unos 2.500 civiles, vestidos con camisetas blancas y pantalones oscuros, con sus rostros totalmente cubiertos, fueron juramentados en las provincias de Estelí y Madriz.
Este cuerpo fue descrito por las autoridades de ese país como un «cuerpo auxiliar» de las fuerzas de seguridad generales; siendo señalado por otra parte por la oposición y organismos de derechos humanos como un intento de legalizar a paramilitares.
El jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, a la juramentación de los cuerpos de seguridad auxiliares calificó a los nuevos policías voluntarios como «defensores de la revolución y la paz». Desde afuera del país se denuncia que estos cuerpos serían un intento de para consolidar a un ejército represivo sin leyes.
Algunos han comparado este movimiento por parte del presidente Daniel Ortega, al año 2018 cuando encapuchados armados respaldaron al gobierno contra manifestantes, en las que estos últimos se manifestaban a favor de suprimir precisamente a cuerpos paramilitares y ordenar el retiro de civiles a favor del mandatario. Además de detener todo tipo de represión de la policía contra grupos civiles que protestaban, lo que desembocó en más de 300 muertos según la ONU.
