El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo este jueves, que las medidas van complementadas con el recorte del gasto corriente, mas no de la inversión pública, porque sacrificar la inversión pública significa perder el impulso que le dimos a nuestra economía y que les hemos estado dando durante el primer trimestre de este año”, puntualizó.
La situación de las finanzas públicas da una señal de austeridad por parte de la administración gubernamental ante la inflación generada por la guerra entre Ucrania y Rusia, la crisis de los contenedores y la pandemia por COVID-19.
“El subsidio ampliado, la ausencia del COTRANS y FEFE durante tres meses, los aranceles que eliminamos a los 20 productos vitales de nuestra economía, el sacar a todos nuestros inspectores, tanto de la Defensoría del Consumidor, como del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía; todas esas medidas nos estarán costando entre $75 y $80 millones”, detalló el titular.
De no intervenir en la economía, la consecuencia puede ser incluso el doble. La decisión ha sido hacerlo de manera oportuna. El Salvador, ante esto, ha sido el primer país en tomar estas medidas, siendo que Guatemala, hasta ayer, anunció ese subsidio a combustibles.
“He hablado con ministros de finanzas de la región, que me han preguntado qué hemos empezado a hacer para atacar la inflación. Tenemos una reunión, el día de mañana, en el COSEFIN, el Consejo de Ministros de Finanzas de Centroamérica”, comentó Zelaya.
Como Gobierno, se muestra el compromiso de ser cautos al momento de administrar la política fiscal, conforme se vaya cambiando la situación, para que sean adecuados los efectos en la economía salvadoreña.
