A pocos días de las elecciones generales en Honduras, el país atraviesa por una profunda incertidumbre política, según las informaciones.
La tensión aumentó el 29 de octubre, cuando el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación contra un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado opositor y un militar, acusados de planear un presunto fraude para los comicios del 30 de noviembre.
Tres días antes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, sorprendió con una conferencia improvisada. En ella informó que las Fuerzas Armadas solicitarían al CNE copias de las actas de cada Junta Receptora de Votos el mismo día de la elección.
Argumentó que la medida buscaba “garantizar el libre ejercicio del sufragio”, pero la propuesta, aún no aprobada, desató fuertes críticas y acusaciones de intromisión militar en el proceso electoral.
El anuncio coincidió con la decisión de la presidenta Xiomara Castro de asignar a las Fuerzas Armadas la custodia del material electoral antes, durante y después de los comicios. Aunque la ley contempla este rol, expertos señalan que el Gobierno ha estirado los límites legales.
Para César Espinal, del Consejo Nacional Anticorrupción, la idea de que los militares manejen actas o participen en un escrutinio supone una “interpretación absurda” de sus facultades.
Ante el creciente clima de tensión, la Misión de Observación Electoral de la OEA se pronunció el 4 de noviembre. El organismo advirtió que declaraciones y acciones “prácticamente diarias” están desestabilizando el proceso electoral y pidió que se garanticen condiciones adecuadas para el trabajo del CNE.
Honduras llega a estas elecciones con un historial de crisis institucionales. En 2017, los resultados que permitieron la reelección de Juan Orlando Hernández, cambiaron drásticamente tras un apagón, lo que provocó protestas masivas.
A esto se suma la reciente condena del exmandatario en Estados Unidos por narcotráfico, un recordatorio del peso del crimen organizado en la vida política del país.
Expertos también alertan sobre el debilitamiento de la Unidad de Financiamiento y Fiscalización de Partidos Políticos, lo que podría facilitar el ingreso de dinero ilícito en la campaña actual.
Cinco son los aspirantes presidenciales, pero solo tres figuran con posibilidades reales según las encuestas: Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional; Rixi Moncada, del partido oficialista Libre; y Salvador Nasralla, expresentador de televisión y exdesignado presidencial.
