Legisladores hondureños eligieron a Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto, en una controvertida decisión, que según la oposición viola las leyes.
El congreso de Honduras, a través de una comisión dominada por el oficialismo, eligió el miércoles al fiscal general interino en una controvertida decisión, calificada por la oposición y juristas como violatoria de la Constitución y un atentado al estado de derecho y la democracia.
A fines de agosto culminó el periodo del exfiscal Óscar Chinchilla pero, desde entonces, el Congreso no se ha puesto de acuerdo para escoger a su sucesor. Actualmente, ocupa el cargo el fiscal adjunto Daniel Sibrián.
Para la elección del nuevo fiscal general y del fiscal adjunto se requieren los votos de al menos 86 de los 128 diputados del Congreso. El partido oficialista solo tiene 50 votos y los cinco partidos de la oposición reúnen 78, por lo que es necesario un consenso para nombrar a los dos funcionarios que duran cinco años en sus cargos.
La noche del martes, la junta directiva del Congreso, dominada por el partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre) de la presidenta Xiomara Castro, eligió una nueva Comisión Permanente que fue la que seleccionó el miércoles a las nuevas autoridades: Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto.
«Hemos electo interinamente a un nuevo fiscal general del Ministerio Público y a un adjunto siguiendo las normas de la Constitución y las facultades que tiene la Comisión Permanente», dijo el presidente del Congreso, Luis Redondo.
