Este martes, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lideró el segundo taller, realizado en la ciudad de Santa Ana, en donde afirmó que el propósito es promover y garantizar los derechos de los usuarios de los servicios educativos y, al mismo tiempo, que los colegios privados tengan presente las obligaciones que como proveedores de estos servicios tienen.
«Hoy, el país está viviendo una serie de transformaciones en muchos ámbitos. Cada vez son más palpables estos cambios; en materia de defensa de los consumidores hemos hecho mucho, el año pasado logramos un monto de recuperación de más de $32 millones», afirmó el presidente de la Defensoría del Consumidor.
Salazar destacó que han reiterado, a los centros educativos, la prohibición legal de imponer al alumnado la obligación de adquirir en la tienda escolar o en determinado negocio particular, los libros, útiles, vestuario y demás artículos y enseres que demande la institución educativa privada, siendo considerada una falta muy grave, según la Ley de Educación (Art. 98, literal f y Art. 113).
Paralelamente, la Defensoría del Consumidor continúa con el despliegue de inspecciones, en librerías y establecimientos que comercializan útiles e insumos escolares, y brindando servicios de información, asesoría y de atención de denuncias, siempre en el marco del plan Defensoría Escolar 2024.
Durante las inspecciones se verifica el cumplimiento de las promociones y ofertas de útiles escolares, insumos de tecnología y sus respectivas garantías, también, la publicidad en dichos establecimientos y el comercio electrónico para garantizar que se apeguen al cumplimiento de las obligaciones de estos proveedores en el mercado virtual, y los derechos de las personas consumidoras.
