Medio Ambiente

Minerías siguen abiertas, gobierno no las ha cerrado pese Ley de prohibición aprobada 2017

A cuatro años de aprobada la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, no se ha implementado, y  no se han llevado a cabo los cierres técnicos de las quince minas abandonadas reportadas por el Ministerio de Economía, ubicadas, en su mayoría, en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión.

El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa, aprobó con 70 votos, la prohibición de la exploración y explotación de la industria minera en todas sus modalidades.

La mesa Frente a la minería, lamenta que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde la aprobación de la Ley, no ha desarrollado los procesos de remediación ambiental en las comunidades que fueron afectadas por actividades de exploración y explotación realizadas en el pasado por la empresa minera estadounidense Commerce Group en la zona oriental del país, y por la transnacional minera canadiense Pacific Rim – Oceana Gold en la zona norte de Cabañas.

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, es el resultado de la lucha social y organizada de las comunidades afectadas por las actividades de exploración y explotación de oro y plata, realizadas por empresas transnacionales que no asumieron ninguna responsabilidad con los impactos negativos ocasionados en los departamentos de la zona norte del país, concretamente Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Miguel y La Unión.

De acuerdo a la Ley, la minería artesanal debió prohibirse en abril de 2019, y esto según la legislación, es competencia del MINEC, así como también garantizar alternativas económicas a las familias que subsisten de este oficio.

Sobre lo anterior, a mediados de febrero de este año, la Mesa Nacional Ffene a la Minería, solicitó información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Medio Ambiente, en el sentido de conocer los avances en las obras de remediación ambiental en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión, contaminado por la transnacional Commerce Group, con drenaje ácido de minas.

Mediante resolución oficial 2021- 025 recibida a finales de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente respondió que en el Presupuesto 2021 se han destinado $44 mil 200 dólares para el proyecto No. 7561 para la Construcción de obras de tratamiento de drenaje ácido en la ex mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión; en la cha resolución el MARN afirma que están “elaborando los Términos de Referencia para el desarrollo de una consultoría y del correspondiente ajuste presupuestario de actividades a desarrollar”.

En opinión de la mesa, el presupuesto asignado es insuficiente dado el nivel de impacto ocasionado en el río; la situación es más preocupante ya que hasta el momento, al día de hoy este cuerpo de agua sigue contaminándose, a tal grado que amenaza importantes cuencas hidrográficas de El Salvador.

Es importante reiterar que de las 15 minas abandonadas, un total de once contaminarán los ríos del país; de las 4 cuencas hidrográficas de El Salvador, dos están en riesgo de ser contaminadas.

Las minas: San Sebastián y Las Piñas, también conocida como Tepeyac amenazan con contaminar la Cuenca del Río Goascorán que desemboca en el Golfo de Fonseca, así mismo está en riesgo las aguas de la Cuenca del Río Grande de San Miguel que desemboca en el sector de Usulután.

Cabe mencionar que la mina San Sebastián continúa descargando drenaje altamente contaminado, por lo que, es urgente que la nueva Asamblea Legislativa, de seguimiento a la implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica para que se hagan efectivos los cierre técnicos de minas y la remediación ambiental de manera adecuada.

Desde mediados del año 2019, la Mesa Nacional Frente a la Minería, ha recomendado al gobierno salvadoreño, de qué se podría hacer para solventar la situación en la zona oriental del país, pero no han sido tomadas en cuenta.

En la investigación denominada: “El Cierre y Remediación de Minas Abandonadas en El Salvador”, desarrollada en 2019 por la doctora en geoquímica, Dina Larios, se plantea que hacer para los cierres técnicos de las minas para evitar más desastres ambientales.

Primero, dice, se debe tener un Plan de Cierre y un Plan de Remediación ambiental, se debe investigar la extensión de suelo contaminado, investigar la contaminación de sedimentos, investigar el daño en invertebrados y peces, determinar la carga de contaminantes que sale de cada mina durante el invierno y el verano para poder establecer el mejor método para la remediación ambiental, identificar si los suelos se están usando para fines agrícolas, realizar nuevos puntos de muestreo de agua, sedimentos y suelos, entre otras recomendaciones.

Todo esto sin duda, agregan, supone una fuerte inversión económica por parte del Estado, pero es necesaria pues el derecho humano al agua del pueblo salvadoreño es el que esta en grave riesgo.

La minería metálica es perjudicial para el país, El Salvador no tiene las condiciones geológicas y geográficas para desarrollar esta industria; la situación actual es mucho más grave que hace 16 años cuando se inició la lucha social contra las transnacionales mineras, y es que el territorio salvadoreño es densamente poblado, altamente sísmico, con crisis de agua y bastante deforestado, por lo que, la exploración y explotación de oro y plata es inviable.

Después de 16 años desde que las comunidades se organizaron, para expulsar de sus territorios a la mineras transnacionales, sigue siendo falso que exista en el mundo una industria de la minería metálica amigable con el medio ambiente que mitigue los impactos negativos, resultado de sus actividades de exploración y explotación del subsuelo.

También es falso, dijeron,   que las minerías generen empleos y que  represente amplias ganancias para el país en materia de inversión económica.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, MNFM, hizo un llamado a los y diputados electos  por el partido de gobierno, que tomaran posesión el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, a no revertir ni modificar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

Finalmente, piden también, darle seguimiento y fiscalizar al Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que cumplan con los Artículos 2 y 6 de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica; dotar de las herramientas necesarias para evitar que avance aún más la contaminación de las fuentes de agua a consecuencia de las minas abandonadas; recomendar a la cancillería, al Parlamento Centroamericano y a la Secretaría de Integración Centroamericana la búsqueda de un Tratado de Aguas Transfronterizas para proteger el agua de los proyectos mineros ubicados en la zonas transfronterizas de Guatemala y Honduras.

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