20 de mayo de 2024
Nacionales

Nueva Constitución prioriza distribución más justa y equitativa riqueza nacional.

En la nueva Constitución de la República, que está en proceso de redacción por parte del Equipo Ad Hoc, no solo priorizará la propiedad privada, sino también, cobran importancia los principios de solidaridad, equidad y justicia social, dijo el vicepresidente Félix Ulloa.

Constitución de la República de El Salvador de 1983 - Wikipedia, la  enciclopedia libre

Agregó, que dichos principios, permitirán  el desarrollo económico y social sostenible para la existencia digna de los salvadoreños, y el respeto irrestricto al medio ambiente.

Félix Ulloa: "Se puede hacer uso de la fuerza letal bajo los principios de  legalidad"

La actual Constitución que fue elaborada dentro del marco de la guerra civil, prioriza la propiedad privada  y el incremento de la riqueza, establecido en el Artículo 102, inciso 2º.

“El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país”, reza el referido artículo.

El Equipo Ad Hoc, en su proyecto que entregará al Presidente Nayib Bukele, el próximo 15 de septiembre, propondrá una nueva redacción.

“Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social. El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para lograr el mayor desarrollo humano posible, y procurar por sobre todo, una distribución más justa y equitativa de la riqueza nacional”, dice la propuesta de redacción del Artículo 102.

Asimismo, en el Art. 103 que expone: “Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social” proponen agregar “y en estricta armonía con el medio ambiente”. El estudio sobre el orden económico continua en base a 72 propuestas de reformas enviadas por salvadoreños residentes en 25 países, quienes usaron la plataforma web y otras en formato físico que se entregaron en la oficina de San Salvador.

Otro propuesta fundamental que será reformada es la Contraloría Pública y Social, la cual sólo la ejerce la Corte de Cuentas de la República (CCR), con la nueva propuesta dicha función la realizarán: Contraloría General del Estado (ex CCR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se agregan con rango constitucional el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor.

Dichas entidades fiscalizarán los fondos públicos, el patrimonio del estado, salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, promover el desempeño ético en la Función Pública y detectar las prácticas anti éticas y corruptas; garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia; y garantizar a los consumidores que los proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo,  tanto públicos como privados e incluyendo los financieros, no ejerzan actos de abuso en  su contra.

Para cumplir los anteriores objetivos, se propone que dichas instituciones gocen de autonomía administrativa y económica, además, quienes las integrarán no serán por cuotas partidarias sino por una nueva propuesta de elecciones de segundo grado, que se basará en una lista de candidatos saldrán de los colegios de profesionales.

En relación al tema de la Fuerza Armada, se propone reformar el Art. 215 de la Constitución, con el objetivo de sustituir al actual servicio militar obligatorio por un servicio de carácter voluntario, tal como en la práctica ya se realiza, agregándole un componente más de interés público, al incluir, para quien lo realice, una equivalencia para horas de servicio social o una plataforma para adquirir una profesión u oficio.

El Equipo Ad Hoc, es Coordinado por el Vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa hijo e integrado por el Dr. Mauricio Rodríguez Flores, la licenciada Karennie Rivas de Posada, el licenciado Marlon Harold Cornejo, el licenciado Adolfo Muñoz, quien a su vez funge como secretario. A ellos, se les une un equipo multidisciplinario de abogados con especialidad y experiencia en diferentes ramas jurídicas y la asesoría del Constitucionalista español, Cayetano Núñez Rivero.