Con motivo de celebrarse el pasado 3 de diciembre, el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, decretado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, y adoptada por gobierno salvadoreño, la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad de EL Salvador”, dio a conocer sus valoraciones sobre la Ley de Inclusión aprobada en 2021.
Señalan, que, hasta la fecha aún no se ha decretado, por parte del Ejecutivo, el Reglamento de La Ley que facilite y asegure su aplicación tal como lo establece el art. 135 de la Ley.
Los dirigentes en favor de las personas con discapacidad, detallaron, que, en los presupuestos generales, de los años 2021, 2022, y 2023 no reflejan las partidas presupuestarias que permiten la aplicación efectiva de la Ley, lo cual dificulta el trabajo del CONAIPD, los beneficios jurídicos y los procedimientos que se establecen en favor de las personas con discapacidad.
La falta de funcionamiento del Tribunal Sancionador establecido en el art. 103 de la Ley, y sus prórrogas, permite que se sigan violentando e incumpliendo los derechos establecidos por la ley a favor de las personas con discapacidad.
Recordaron, que, según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad del año 2015, elaborado por CONAIPD-DIGESTYC, con apoyo de UNICEF, El Salvador, registra un total de 410,798 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representaba en ese año, el 6.4% de la población.
Dijeron, que, a quince años de la Vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad El Salvador dio un importante paso al aprobar la “Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad” la cual entró en vigencia el uno de enero del año 2021.
Ante las dificultades, que según ellos, enfrentan las personas con discapacidad, la alianza, pide al Ejecutivo, que decrete el reglamento para la aplicación y desarrollo de la ley y que instruya al Ministerio de Hacienda, para que solicite a la Asamblea Legislativa, las transferencias presupuestarias que corresponden al ONAIPD.
Finalmente, los representantes de Alianza en defensa de las personas con discapacidad, hicieron un llamado a las Instituciones del Estado, personas con discapacidad y sus familias y a la Sociedad en general, a velar por los de esta población vulnerable.
estar vigilantes de que se cumplan los derechos a favor de las personas con discapacidad, especialmente a la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, a la que de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, y al art. 97 de La Ley Especial de Inclusión es la Institución responsable del monitoreo para el cumplimiento de la Convención.
