El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó con firmeza ante el asesinato de la ciudadana ucraniana Iryna Zorutska. El crimen, atribuido a Decarlos Brown Jr., de 34 años, quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.
Un especialista en el Hospital Central Regional evaluó al sujeto el 29 de diciembre de 2025, y diagnosticó que era “incapaz de proceder”. El expediente fue presentado el 7 de abril de 2026 y el juez aún debe determinar si lo acepta. Por el momento, el caso está retrasado hasta que el tibunal considere que su capacidad mental ha quedado restablecida.
Tras conocer el caso, el mandatario pidió sanciones contra funcionarios judiciales de Estados Unidos. Según advirtió, algunos podrían favorecer la corrupción o la impunidad.
Durante sus declaraciones públicas, Bukele expresó indignación por el crimen. También cuestionó el actuar de ciertos operadores del sistema judicial.
“Destituyan a los jueces corruptos”, afirmó el presidente al referirse al manejo del caso. Con esa frase, insistió en la necesidad de depurar el sistema de justicia estadounidense.
El asesinato de Zorutska provocó indignación internacional por la brutalidad del hecho. Además, el caso atrajo fuerte atención pública y mediática.
Según reportes preliminares, Brown Jr. degolló a la víctima. Un video difundido en redes sociales mostraría el crimen.
La difusión de esas imágenes intensificó las exigencias de justicia. También aumentó la presión por un proceso judicial transparente.
En ese contexto, Bukele insistió en que los casos de alto impacto requieren procesos claros y decisiones judiciales firmes.
Asimismo, el mandatario sostuvo que cualquier funcionario que actúe de forma irregular debe enfrentar consecuencias legales.
El caso también reavivó el debate sobre los mecanismos de control en los sistemas judiciales. Analistas señalan que la credibilidad institucional depende de procesos transparentes.
Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. También buscan determinar responsabilidades penales por el asesinato.
La postura de Bukele se suma a las voces que exigen justicia para la víctima. El caso sigue bajo seguimiento internacional por su impacto público.
