Representantes de la Mesa Frente a la Minería Metálica, dijeron este martes, que la lucha social contra las empresas mineras, no terminó con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador aquel histórico 29 de marzo de 2017, fue apenas un paso para frenar el extracción en el país, es necesario elevar la prohibición a rango constitucional y avanzar contra la minería transfronteriza.
Según los ambientalistas, después de 5 años de la legislación, continúa vigente la defensa por el derecho humano al agua, del derecho humano a un ambiente sano, limpio y sostenible, principalmente por la contaminación que siguen generando las minas en abandono, resultado de las actividades de exploración y explotación de oro y plata que se desarrollaron en el pasado.
Señalaron, que las empresas mineras saquearon los bienes minerales del subsuelo salvadoreño, durante poco más de un siglo sin asumir ninguna responsabilidad por los impactos negativos ocasionados con sus actividades; una responsabilidad que hoy debe asumir el Estado a pesar que las explotaciones fueron autorizadas y realizadas en el pasado.
Esa es la manera, agregaron, que operan estas industrias dedicadas a la extracción, se aprovechan de los bienes naturales asegurando que engañando a las personas, diciendo que trabajan con responsabilidad y armonía con el ambiente.
El Ministerio de Economía, según el Artículo 6 de la Ley, debe coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN para realizar los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por la exploración y explotación de minas, con el objetivo de devolverle a la población las condiciones de un ambiente sano.
En 5 años que han transcurrido, los gobiernos en turno no han dado cumplimiento a este mandato, más allá de un proyecto que se ejecutó a finales del año 2021 en el río San Sebastián y río Santa Rosa, ambos ubicados en Santa Rosa de Lima, La Unión, no se tiene más información de los resultados obtenidos.
Agregan, que en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN y del Ministerio de Economía, MINEC, para este año 2022, no se contempla asignación presupuestaria para hacer los cierres técnicos de las minas, los procesos de remediación ambiental en los 15 pasivos ambientales mineros que el MINEC determinó posterior a la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
Para este aspecto en específico, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica ordenaba al Ministerio de Economía prohibir la minería artesanal en el 2019, y crear las condiciones idóneas para las familias que subsistían de este oficio, en su mayoría se tratan de familias que residen en el Cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión. A la fecha, no se conocen programas estatales para atender a esta población, tal como lo exige la Ley.
Implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica sigue siendo una deuda de los gobiernos en turno, mientras la contaminación del agua avanza hacia importantes cuencas hidrográficas, lo que debería ser una problemática urgente de resolver para el Estado salvadoreño.
Recuerdan, que la noche del 22 de diciembre del año pasado, el órgano legislativo aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, la cual da más ventajas a las empresas que hacen negocio con la explotación del agua a costa de la sed de las grandes mayorías.
La defensa del derecho humano al agua, se mantiene como el principal objetivo de la lucha social del pueblo salvadoreño en contra de empresas extractivas, tanto en lo nacional como en las zonas transfronterizas, acotaron.
Si bien debe implementarse la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, para evitar que más ríos se contaminen con drenaje ácido de las minas en abandono, también desde el Estado debe asumirse una postura sólida y definitiva con relación a los proyectos de minería metálica que están en las zonas transfronterizas y que son una clara amenaza para el Río Lempa, enfatizan.
Tratados y Convenios internacionales de cuencas de drenaje internacional o cuencas transfronterizas, siendo estos bilaterales o multiraleterales con relación a cursos de agua internacional, que incluye sistemas de agua superficial y subterránea, que en virtud de su relación física constituye un conjunto unitario cuyas partes se encuentran en Estados distintos, o sea entre El Salvador y otros países vecinos.
Desde el año 2008, las comunidades de Metapán, Santa Ana, y organizaciones del movimiento social ambiental nacionales y de incidencia regional, han denunciado la amenaza que representa la mina transfronteriza “Cerro Blanco”, que está ubicada en territorio guatemalteco pero a escasos kilómetros de El Salvador.
Desde hace más de una década, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador y diferentes redes ambientalistas han realizado diversidad de acciones tanto con el gobierno de Guatemala como de El Salvador, para que se frene dicho proyecto transfronterizo.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, junto a otros espacios ambientales han propuesto un Tratado de Aguas Transfronterizas, pero a la fecha la cancillería salvadoreña no ha tomado con la suficiente seriedad la problemática que ya se está enfrentando en las comunidades de Metapán, Santa Ana.
La mina transfronteriza “Cerro Blanco” solo espera que las autoridades guatemaltecas le autoricen una modificación a sus permisos ambientales, el cual solicitaron el año pasado para explotar oro y plata a cielo abierto.
Esto significa que los niveles de escasez de agua serán superiores y no solo eso, sino que también implicará la contaminación de los suelos aptos para el cultivo de alimentos y también contaminará el aire.
Recientemente, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados-ANDA, Rubén Alemán, durante una entrevista televisiva descartó que la mina transfronteriza “Cerro Blanco” este contaminando las aguas salvadoreñas, aseguró que los laboratorios de la autónoma han realizado monitoreos que así lo han determinado.
Sin embargo, existen evidencias científicas que revelan que esta mina transfronteriza está contaminando las fuentes de agua que Guatemala comparte con El Salvador desde hace varios años sin haber iniciado la explotación de los minerales a cielo abierto como pretenden hacerlo hoy en día.
La empresa propietaria de la mina, la canadiense Bluestone Resources definió su proyecto minero en 548 millones de dólares para explotar 231 mil onzas de oro en un período de 11 años.
Esto da un panorama del nivel de impacto que traerá para los bienes naturales, especialmente para el agua, por lo tanto, se demanda del Estado de El Salvador actué con prontitud pensando en los intereses de las familias salvadoreñas sin contemplaciones para empresas mineras y cumpliendo con el Artículo 25 y 26 de la Ley de Recursos Hídricos que el mismo gobierno aprobó en diciembre pasado y del cual se ha hecho referencia anteriormente.
Un paso importante para frenar la minería metálica en Centroamérica, es la decisión de suspender los permisos ambientales y concesiones mineras en Honduras, que ahora deberá asumir como Estado las consecuencias ambientales, como la contaminación de su agua con posibles drenajes ácidos de mina en distintas partes de ese país.
