Representantes de la Mesa contra la Minería Metálica, dijeron hoy, que En los trers años de gobierno del presidente Nayib Bukele, no hay avances en los compromisos planteados en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, y que por lo contrario, impulsa acciones que configuran cada vez más un escenario de apertura a la industria extractiva, como lo es, la exploración y explotación de la minería metálica en El Salvador, la cual utiliza grandes cantidades de agua en sus procesos industriales.
Afirman, que dichas acciones se han realizado de manera silenciosa a través de distintas normativas legales y actuaciones por parte del gobierno.
Afirman, que lo más reciente, es la resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional al declarar que las aguas subterráneas no son del dominio público, sino que, pertenecen a manos privadas; pese, a que la sentencia judicial que se ha emitido en el caso donde, se demanda declarar la inconstitucionalidad del convenio entre la ANDA y la Sociedad Dueñas Hermanos Limitado, sobre el uso del agua para el proyecto urbanístico Valle El Ángel.
Los ambientalistas, dijeron que les preocupa la resolución de la Sala de lo Constitucional, pues en pocas palabras, ahora cualquier empresa extractiva interesada en explotar los bienes naturales del subsuelo no necesitará la autorización de la Asamblea Legislativa para hacerlo.
Manifestaron, que las empresas extractivas como la de minería metálica son las que más explotan las aguas subterráneas. Esto sin duda abre las puertas para el saqueo de nuestras aguas y también de importantes minerales como el oro y la plata, y amenaza nuevamente a los cuerpos de agua subterránea y superficial, principalmente al Río Lempa.
Otras acciones implementada por el actual gobierno, agregan, son, la incorporación del Estado de El Salvador como miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible-IGF; la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General para la Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas; los diputadas también aprobaron la Ley de Expropiación y de Ocupación de bienes por el Estado, cuarto, la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos.
Señalan que los diputados se contradicen entre sí sobre lo que aprueban; y es que la Ley de Recursos Hídricos aprobada por la bancada oficialista objeta la resolución de la Sala Constitucional, relacionada a la propiedad de las aguas subterráneas.
Ante ello, los miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador piden al gobierno del presidente Nayib Bukele, implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en marzo de 2017, destinando recursos para cumplir con los contenidos en de ley que obligan a realizar los cierres adecuados de las minas que aún están en abandono en San Miguel, Morazán y La Unión, así como hacer los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por las actividades de exploración y explotación de minería metálica realizadas en el pasado, de las cuales ningún gobierno ha asumido el compromiso de país.
Además, mantener una posición de rechazo a la industria de la minería metálica, no permitiendo nuevamente la invasión de empresas extractivas al país, que solo saquea los bienes naturales a cambio de millonarias ganancias dejando a su paso contaminación de nuestra agua, afectaciones a la salud de las personas y la destrucción de ecosistemas.
También, se debe garantizar, el derecho humano al agua de las familias salvadoreñas, protegiendo las aguas subterráneas que posee el país de la contaminación y sobreexplotación que hacen las empresas extractivas, como la industria de la minería metálica ya que los efectos pueden ser devastadores para el pueblo. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas (ONU), han establecido que ante la crisis hídrica que se vive a nivel mundial, cada vez más, la gente se abastece de las aguas subterráneas, y que actualmente estas aportan la mitad de su volumen extraído para uso doméstico.
Para la Mesa Frente a la Minería Metálica, el Salvador, debe renunciar al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una organización canadiense integrada por gobiernos de distintos países que buscan la explotación minera. En 2021, el gobierno salvadoreño encargó a esta entidad un diagnóstico para establecer el potencial de nuestro territorio para la minería no metálica, una acción que alerta sobre una posible reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país.
Enfatizan, que deben aclarar en el articulado de la Ley General de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, el articulado relacionado con los permisos y autorizaciones para la exploración y explotación de minería, ya que el contenido de la misma deja la puerta abierta para que en un futuro cercano, las empresas de minería metálica intenten solicitar los permisos para extraer oro, plata y otros minerales de nuestro subsuelo a sabiendas de que el país se encuentra en una crisis por el agua, que posee una alta densidad poblacional, que es altamente sísmico lo que podría provocar desastres en las comunidades salvadoreñas.
Llaman al gobierno salvadoreño, a definir una posición política clara y definitiva con respecto a la mina transfronteriza “Cerro Blanco”, la cual se ubica en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, a escasos 17 kilómetros de la frontera con El Salvador. La empresa minera a cargo de “Cerro Blanco”, se proyecta ser a corto plazo el proyecto de mayor extracción de oro y plata de Centroamérica. Es otra amenaza más para las aguas salvadoreñas, especialmente para el Río Lempa. No existe ninguna tecnología que revierta la contaminación en los ríos por los tóxicos que estas industrias utilizan y lanzan a las aguas. La minería metálica no es el camino para el desarrollo de un país.
Recientemente, más de 4 mil habitantes de Asunción Mita solicitaron a la municipalidad se realice una consulta ciudadana para el cierre de esta mina.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, ratifica su compromiso de acompañar a las comunidades en la defensa del territorio, de los derechos humanos ambientales frente al extractivismo para incidir en la no reversión de la prohibición de la minería metálica en el país
