Francisco Javier García Hernández permanecerá recluido bajo la medida cautelar de detención provisional, luego de que el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador dictara este martes la instrucción formal en su contra por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa de vehículo automotor.
El tribunal argumentó la resolución tras valorar los indicios presentados en la audiencia inicial, estimándolos «suficientes» para acreditar tanto la materialidad de los ilícitos como la presunta autoría del procesado en la muerte de un motociclista repartidor.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
De acuerdo con la investigación fiscal, los acontecimientos se remontan al 6 de agosto de 2026, cuando el imputado departió e ingirió bebidas alcohólicas en un establecimiento ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador.
Minutos más tarde, García Hernández abordó su vehículo deportivo Chevrolet Corvette en sentido contrario y a velocidad excesiva, hasta impactar a la víctima Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien trabajaba como repartidor para una plataforma de entrega de alimentos.
El expediente judicial detalla que, tras el impacto, el cuerpo de la víctima fue arrastrado por el pavimento a lo largo de unos 16 metros. Tras el siniestro, el conductor se dio a la fuga sin otorgar asistencia y abandonó el vehículo a 800 metros del lugar de los hechos.
Luego de huir de la escena, el hombre se entregó a las autoridades dos días después. 10 días después del arresto, Centros Judiciales informó que el juez examinó un dictamen pericial que certifica la marcha a velocidad inadecuada del automotor, sumado a grabaciones de video que documentan tanto el consumo previo de alcohol por parte del imputado como del atropello.
Al evaluar las condiciones procesales, el tribunal advirtió «riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación», por lo que ratificó la privación de libertad durante el proceso penal.
Paralelamente, la instancia judicial decretó la inmovilización de dos depósitos bancarios vinculados al implicado, los cuales exceden los $80,000, además de imponer restricciones de carácter patrimonial sobre otros activos de su propiedad.
