WASHINGTON/HABANA — Un tribunal federal de Estados Unidos acusó formalmente al exmandatario cubano Raúl Castro y a otros cinco altos mandos militares. Las autoridades los señalan del derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Brothers to the Rescue, ocurrido en febrero de 1996. El ataque dejó cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.
El secretario adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este miércoles los cargos. También confirmó que las autoridades estadounidenses emitieron órdenes de arresto contra el exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y otros cinco oficiales de alto rango.
Las autoridades identificaron a los coacusados como Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simanca Cárdenas.
El Departamento de Justicia informó que los procesados enfrentan cargos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. También enfrentan cuatro cargos de homicidio y destrucción de aeronaves civiles. Los señalamientos están relacionados con el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996.
Ese día, aeronaves militares cubanas derribaron dos avionetas civiles operadas por Brothers to the Rescue. Las aeronaves realizaban vuelos humanitarios sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, según la acusación presentada por fiscales federales.
El ataque cobró la vida de cuatro integrantes de la organización: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Durante una comparecencia ante medios, Blanche señaló que las víctimas realizaban misiones humanitarias. Su labor consistía en asistir a personas que huían de Cuba por vía marítima. “Eran civiles desarmados que realizaban misiones humanitarias para rescatar y proteger a personas que escapaban de la opresión”, afirmó el funcionario.
La acusación sostiene que Raúl Castro y los demás implicados coordinaron una conspiración. Esa acción culminó con el lanzamiento de misiles aire-aire contra las aeronaves civiles. Aeronaves militares cubanas ejecutaron el ataque y causaron la muerte de los cuatro ocupantes.
Además, Washington impuso sanciones económicas y restricciones migratorias contra más de una decena de altos funcionarios del régimen cubano. Las medidas alcanzan al Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y dirigentes vinculados con la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba.
El gobierno estadounidense aplicó las sanciones bajo la Ley Magnitsky y otras normativas. La medida busca castigar violaciones a los derechos humanos. También pretende sancionar acciones consideradas contrarias a la seguridad nacional.
El caso revive uno de los episodios más tensos entre Washington y La Habana. Durante casi tres décadas, las familias de las víctimas han reclamado justicia. Autoridades estadounidenses sostienen que el ataque violó el derecho internacional porque ocurrió fuera del espacio aéreo cubano.
