Muchas veces me preguntan cuál fue el secreto del cambio en El Salvador en materia de
seguridad. Suelen esperar una respuesta técnica: más policías, más presupuesto, más
tecnología. Pero el punto de quiebre fue otro, mucho más incómodo y mucho menos
exportable: el Estado decidió no ceder. No a la presión internacional. No al chantaje
moral. No a la idea, muy instalada en ciertas democracias modernas, de que la justicia
debe ser sensible con quien destruyó vidas.
Durante años, muchas democracias confundieron humanidad con indulgencia. En
nombre de los derechos humanos, desplazaron el foco hacia el bienestar cotidiano del
criminal, mientras las víctimas -y quienes aún podían convertirse en ellas- quedaban fuera
del encuadre. El resultado fue un sistema invertido: Estados movilizando recursos, jueces
y solemnidad institucional para garantizar el confort de asesinos.
El mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar esa inversión no está en una teoría jurídica.
Está en una celda europea, ocupada por un hombre que asesinó a 77 personas.
En Noruega, Anders Breivik cumple condena en condiciones que se asemejan más a una
vivienda que a una celda. Tiene televisión, gimnasio, escritorio y acceso a estudios
universitarios. Demandó al Estado alegando trato inhumano porque el café se servía frío y
su consola de videojuegos era anticuada. Un tribunal le dio la razón. El proceso judicial
fue prolongado. El entierro de sus víctimas, breve y definitivo.
Dinamarca ofreció otra escena. Peter Madsen, quien violó, torturó y asesinó a la periodista
Kim Wall, no necesitó tribunales para transformar su condena en vitrina. Desde prisión
mantuvo relaciones sentimentales, recibió cartas de admiradoras y contrajo matrimonio
legal. El sistema penitenciario funcionó exactamente como fue diseñado. Para cuando la
opinión pública reaccionó, la cárcel ya había cumplido una función inesperada: otorgar
visibilidad.
Israel llevó el fenómeno a un plano aún más inquietante. Terroristas condenados por
atentados masivos -algunos con múltiples cadenas perpetuas- presentaron peticiones ante
la Corte Suprema no para revisar sus sentencias, sino para mejorar sus condiciones de
vida. Uno solicitó televisión satelital porque los canales disponibles no eran suficientes.
Otro exigió un colchón ortopédico por dolores de espalda. Otro pidió acceso ampliado a
internet para continuar estudios universitarios. El Estado compareció. Los jueces
escucharon. Se fijaron audiencias. El calendario judicial de un país en guerra se ajustó
para deliberar sobre el bienestar físico y emocional de quienes habían asesinado civiles.
Todo fue legal. Y precisamente por eso resulta tan perturbador.
El Salvador decidió no seguir ese camino
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, invierte esa lógica sin pedir
permiso. No busca agradar a observadores internacionales ni ganar premios de diseño
institucional. Su mensaje es simple y brutal: el miedo cambia de lado. El Estado deja de
justificar su firmeza y la ejerce. No hay pedagogía para el victimario ni metáforas
terapéuticas. Hay control. Hay orden. Hay una línea clara que antes no existía.
Por eso incomoda tanto.
CECOT no discute si el criminal está cómodo. Discute si la sociedad está a salvo. Y en ese
giro -silencioso y efectivo- El Salvador recordó algo que muchos países olvidaron: que
la cárcel no es un experimento moral, sino una herramienta de soberanía.
CECOT parte de una premisa simple: antes de los derechos humanos del asesino están
los derechos humanos de la víctima. Y antes aún, los derechos de quienes todavía no
han sido atacados. Está destinado a asesinos seriales, jefes criminales y terroristas que
destruyeron comunidades enteras.
Eso no es crueldad. Es prevención.
Los resultados son visibles. Barrios que antes vivían bajo extorsión hoy funcionan.
Comercios abren. Niños caminan. Madres duermen. El silencio que llegó después no fue
el de la represión, sino el del alivio
Occidente puede seguir perfeccionando procedimientos y llamarlo “progreso”. El
Salvador eligió claridad, prioridad y coherencia. CECOT no es la negación del derecho
humano. Es la negación de la ingenuidad. Y en un mundo donde el crimen aprendió a
usar la ley como escudo, quizá el acto más humano que le queda al Estado sea
recordar, sin complejos, a quién debe proteger primero.
