Investigación revela debilidades Órganos Justicia Triángulo Norte
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, y la agencia internacional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), llevaron a cabo la presentación el trabajo de investigación sobre la independencia y la integración de la justicia en el Triángulo Norte, según lo dieron a conocer los organizadores.
La investigación pone de relieve las debilidades institucionales en los tres países para avanzar hacia órganos judiciales independientes que garanticen el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad, y eviten arbitrariedades en contra de la población.
También revela la necesidad de eliminar la injerencia de otros órganos y de poderes fácticos en las decisiones y los procesos de elección y destitución de miembros de altas cortes y de tribunales ordinarios.
Señalan que sin independencia del Órgano Judicial no hay Estado de Derecho, que es una condición indispensable para la plena vigencia de los derechos fundamentales de la población.
GIZ a través del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, apoyó el trabajo investigativo denominado “Propuestas para fortalecer la independencia e integridad judicial en el Triángulo Norte de Centroamérica”.
El estudio fue realizado durante los primeros 4 meses del 2021 y tiene como objetivo identificar avances, obstáculos y desafíos en materia de independencia e integridad judicial con la intención de plantear propuestas puntuales para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La coordinación del estudio estuvo bajo responsabilidad de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en lo que corresponde a El Salvador, y la la coordinación de los estudios realizados en Guatemala y Honduras, aglutinados en el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y Contracorriente, medio de investigación periodístico.
La metodología que se utilizó implicó la realización de entrevistas y grupos focales en los tres países.
En el caso del El Salvador se desarrollaron 30 entrevistas a profesionales del derecho, periodistas, académicos y de organizaciones de sociedad civil que litigan casos de violaciones a derechos humanos ante el sistema judicial, incluyendo funcionariado de alto nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Asamblea Legislativa, del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), el vicepresidente de la República y un fiscal auxiliar.
El documento identifica obstáculos y amenazas a la independencia e integridad judicial, y presenta propuestas generales para la región del Triángulo Norte, así como específicas para cada uno de los países que la componen.
Finalmente, se concluye en la necesidad de crear espacios de interacción o intercambio entre el Órgano Judicial, otros órganos del Estado y la sociedad civil, con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho, a través del apego a la legalidad, a la división de poderes y la construcción de sistemas de justicia basados en el respeto y la garantía de los derechos humanos.
