Las comunidades afectadas, las organizaciones comunitarias ambientalistas y ecologistas y diferentes sectores sociales del país, dijeron este miércoles, que ellos han sido elementos importantes para la creación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador en el año 2017 para la defensa del derecho humano al agua y el derecho a un ambiente sano.
Agregaron, que este 29 de marzo de 2023, se cumplen 6 años de la prohibición de la minería metálica en el país, en todas sus modalidades y, el movimiento social ambiental está más articulado.
Durante todo este tiempo, se ha demandado del Estado salvadoreño cumplir con lo establecido en la Ley, es decir, realizar los cierres técnicos de los 15 pasivos mineros ambientales o minas en abandono, llevar a cabo los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas, en su mayoría ubicadas en la zona norte de San Miguel, Morazán y La Unión, además de concretizar la prohibición de la minería artesanal.
Recordaron, que en los 2 últimos años, se ha conocido por los medios de comunicación, que se realizan obras de tratamiento en el río San Sebastián, contaminado con drenaje ácido de minas, sin embargo, la inversión en estas acciones no es suficientes, además no se dispone de información sobre el caso.
El ecocidio, como lo califican los ambientalistas, del río San Sebastían sigue siendo invisibilizado, así como la afectación de las poblaciones ubicadas en su rivera.
En El Salvador, no se ha abordado la problemática minera heredada por gobiernos permisivos y empresas mineras irresponsables desde la perspectiva de los impactos diferenciados por género, las mujeres que tienen que enfrentar los cuidados en todo sentido, cuido de los enfermos por causa de la contaminación, proveer agua en una zona que tiene su río asesinado por la minería, búsqueda de alimentos que ya no da el río, entre otros.
